Luego de arreglar una indemnización por el desalojo consensuado de dos predios en la antigua estación de ferrocarriles de México en la colonia Cuatro Caminos, la familia Martínez Bonilla denunció que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) División Tren Maya no cumplió los acuerdos e intentó defraudarlos al obligarlos a firmar un papel que no contenía los acuerdos tomados para el desalojo de su vivienda y negocio.
Este martes habrá una audiencia que determine quiénes son los invasores, pues el sello de clausura colocado por la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) señala que es delito de despojo, a pesar que los afectados demostraron en su momento poseer los documentos de validez como inquilinos al ser herederos de un ex trabajador ferrocarrilero beneficiario de dichos espacios.
“Cuando llegaron con el documento para la firma de acuerdos, lo leímos y habían hecho modificaciones a lo acordado, que por supuestos temas administrativos, pero nada nos daba la garantía del cumplimiento, además que, nosotros contratamos a un valuador y cada predio estaba en 2 millones de pesos y Fonatur nos ofreció más para evitarnos molestias y malos entendidos”, destacó Christian Martínez García, afectado.
“Nosotros tenemos la vivienda aquí, y el negocio a un lado, nos ofrecieron una casa y un terreno en un lugar estratégico para reponer nuestro lavadero de carros, pero en el documento que nos iban a hacer firmar no estaba estipulado, además que nos dieron las referencias de dónde estaría la vivienda y ya estaban dañadas, desde eso comenzó el martirio porque incluso nos han estado persiguiendo”, agregó.
En este tenor, el afectado relató que desde hace una semana se percató que diferentes vehículos lo siguen, dijo que él tenía la rutina de ir a caminar o ejercitarse en el malecón de la ciudad, y un día comenzó a notar que lo perseguía una camioneta, lo vigilaba y desaparecía antes de regresar a su casa. Pero aseguró fueron más evidentes en días siguientes cuando le tocó ver el mismo vehículo dos días seguidos.
Respecto a los temas administrativos, dijo intentaron dialogar con Fonatur y Tren Maya, pero no hubo respuesta favorable, incluso cambiaron su discurso posterior a negarse a la firma del documento llegando incluso a las amenazas verbales de lo que sucedió hace unos meses con el desalojo violento de su hijo menor de edad.
Mencionó que el organismo federal, haciendo uso de la fuerza pública y de justicia a través de agentes ministeriales, primeramente ingresaron a su vivienda cuando sólo estaba su hijo menor de edad, lo detuvieron sin motivo alguno y hoy usan a los tribunales para quitarles sus posesiones a pesar de la documentación en regla que poseen. Christian Martínez García, cabeza de la familia, denunció que agentes ministeriales los están acosando y espiando.
El colmo fue que durante la rueda de prensa ofrecida por los afectados, arribaron al menos tres camionetas de la Fgecam, y algunos de los agentes, entre ellos una mujer sin uniforme de la Fiscalía, comenzó a grabar a quienes declaraban y a los reporteros que estaban tomando nota del problema.
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