Tras un mes y 15 días de permanecer en protesta por la pretensión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de cerrar la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, los abogados laboralistas del Carmen, se mantienen firmes en “la defensa de los trabajadores, quienes serían los más afectados con esta determinación”.
Gustavo Mendoza Reyes, abogado laboralista explicó que hasta el momento, la postura de la STPS ha sido de una completa cerrazón al dialogo, ya que solo enviaron una comisión, el pasado 17 de noviembre, la cual escuchó sus argumentos y propuso la apertura de una oficina alterna en la Isla, con dos actuarios y dos secretarios, lo cual no resuelve el problema.
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Recordó que la pretensión de la STPS, es cerrar la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje 52, llevándose los expedientes a la capital del estado, a la Junta 48, “al parecer bajo el argumento que es la capital del estado, sin embargo olvidan que en la Isla, se encuentra la mayor actividad de la industria petrolera del país, de ahí la importancia de esta dependencia”.
Destacó que mientras en Campeche se cuenta solo con cerca de 7 trabajadores, con menos de mil expedientes, y solo cinco o seis audiencias en el día, en el Carmen se tienen cerca de cinco mil expedientes, desarrollándose aproximadamente 40 audiencias al día, atendidos por 21 personas.
“Paralelo a nuestra protesta a las puertas de las oficinas de la Junta Especial de la Federal 52, se han interpuesto diversos recursos de amparo, ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Carmen, los cuales llevan su debido proceso, en los cuales, consideramos ser favorecidos con la protección de la justicia federal, para evitar el cierre de esta”.
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Traslado
Los abogados mantienen guardias a las puertas de las oficinas de la Junta Especial de la Federal 52, evitando de esta manera que los expedientes que se resguardan en este sitio, sean movilizados a la ciudad capital y en espera de una respuesta de las autoridades.
“Muchas autoridades se nos han acercado, hemos dialogado con ellos y se les han presentados nuestros argumentos de porque el cierre de estas oficinas es inconstitucional y un atropello para los trabajadores, sin embargo, todos nos han escuchado, pero aún no hay respuesta en concreto sobre el tema”.
Edición: Laura Espejo
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