La Jornada Maya
29 de julio, 2015
Más de 130 servidores públicos, entre policías estatales y federales, agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos, han sido dados de baja o separados de su cargo en Campeche al no aprobar los exámenes de control y confianza, por cometer algún ilícito o por irregularidades en el servicio.
El secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, Jackson Villacís Rosado especificó que desde 2009 se ha retirado a 120 elementos de la policía estatal, de los cuales seis causaron baja el año pasado.
“Se les ha dado de baja por recibir dinero, por actuar mal conforme a derecho y por reprobar el examen de control y confianza”, destacó Villacís Rosado.
El servidor público estatal indicó que, a nivel nacional, Campeche es una de las entidades con menor índice de reprobación de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en los exámenes de control y confianza.
“Tenemos toda una estructura de información. Cuando se da de baja a un elemento se notifica a nivel federal para dar seguimiento a lo que estén haciendo y ubicarlos, para evitar que se vayan al crimen organizado”.
Por su parte, el delegado en Campeche de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Pompa Dorado, señaló que desde febrero de 2012 se ha separado a 14 agentes federales, principalmente por la comisión de algún ilícito.
Desde 2013 se denunció a ocho elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y del Ministerio Público de la Federación, por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad. El caso más reciente es el de los elementos Daniel Arcadio R. G. y Alonso R. B., quienes fueron acusados, junto con otros dos agentes, de secuestro exprés y extorsión en agravio de un comerciante carmelita, en mayo de 2013, y que fueron liberados del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén el pasado 8 de julio. De los cuatro detenidos, sólo a uno se le dictó auto de formal prisión.
Pompa Dorado apuntó que, en este caso, la PGR apeló la resolución del juez segundo de distrito y el caso se encuentra en el Tribunal Unitario de la Federación. Desde 2012, la Procuraduría ha realizado el trámite de inconformidad en 20 fallos que le han resultado adversos.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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