Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Miércoles 19 de septiembre, 2018
La fuerza política que representa el modelo de gobierno de Campeche está convirtiéndose, por su ejemplo, en un nuevo factor de dimensión nacional, resaltó Laura Baqueiro Ramos, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del estado, durante la lectura de su tercer informe actividades al frente de la 62 legislatura.
En presencia del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, Baqueiro Ramos consideró que este escenario es altamente favorable para los campechanos porque “por una parte es el inicio de una era de fortaleza económica y por otra, el fortalecimiento de un novedoso liderazgo nacional”.
Afirmó que Campeche no está viviendo el proceso final de una historia sino el inicio de una nueva era, en pos de un horizonte más grande, “ya que los campechanos somos hombres y mujeres de una sola pieza”.
Tras despedirse de sus compañeros diputados y agradecerles el trabajo en equipo “para que esta Legislatura deje una huella inolvidable en la vida política del estado” Baqueiro Ramos se dirigió al gobernador y le dijo que está lista y preparada para asumir una nueva encomienda, a propósito de los cambios que se vienen presentando en el gabinete estatal.
“Estamos listos con lealtad, con gratitud y con compromiso para nuevas y grandes encomiendas”, expresó la legisladora.
Detalló que del primero de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018 se realizaron 62 sesiones del ordinarias del Pleno, cuatro extraordinarias, tres solemnes, dos previas, 17 de la diputación permanente, una sesión privada, 40 de comisiones de dictamen legislativo y cuatro de dictamen de la diputación permanente, entre otros asuntos.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada