El Líbano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron este jueves un acuerdo preliminar por el que el país podría recibir una ayuda financiera de unos 3 mil millones de dólares para hacer frente a la grave crisis económica que sufre.
En un comunicado, el FMI indicó que el acuerdo con las autoridades libanesas, que debe ser aprobado aún por su directorio, daría acceso a Líbano a unos 2.173,9 millones en derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a unos 3 mil millones de dólares, a cambio de una serie de reformas.
El organismo indicó que el programa de reformas acordado busca reconstruir la economía del Líbano, golpeada por una grave crisis desde 2019 que ha dejado al 80 por ciento de su población por debajo del umbral de la pobreza, ha depreciado su divisa en más de un 90 por ciento y ha provocado escasez intermitente de combustible o medicinas.
Esta crisis, recordó el Fondo, se ha visto agravada primero por la pandemia de covid-19, luego por la explosión del puerto de Beirut de 2020, que arrasó parte de la capital y dejó más de 200 muertos y 6 mil 500 heridos, y finalmente por la guerra en Ucrania, que "ha exacerbado la inflación" y agregado una mayor presión sobre el suministro de alimentos y combustible.
"El acuerdo busca dar soporte a la estrategia de reforma de las autoridades (del Líbano) para restaurar el crecimiento y la estabilidad financiera, fortalecer la gobernanza y la transparencia e incrementar el gasto en temas sociales y de reconstrucción", afirmó.
No obstante, el organismo financiero advirtió que el acuerdo tiene que ser complementado con una reestructuración de la deuda pública externa libanesa.
Respecto al programa de reformas propuesto por las autoridades libanesas, explicó, busca entre otros objetivos reestructurar el sector financiero para restablecer la viabilidad de los bancos e implementar reformas fiscales que aseguren la sostenibilidad de la deuda y permitan invertir en gasto social e infraestructura.
También incluye una reforma de las empresas públicas, particularmente las del sector energético, medidas contra la corrupción y el lavado de activos y establecer un sistema monetario y cambiario creíble y transparente.
Edición: Laura Espejo
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