Amnistía Internacional (AI) México difundió una carta pública dirigida al gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, y al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, por la detención de personas por no usar cubrebocas. Indicó que de acuerdo con medios periodísticos, el pasado 27 de junio se realizó un operativo que terminó con al menos 37 detenidos en esa ciudad.
AI destacó que la privación de la libertad como medida para incentivar a la población a usar cubrebocas con el fin de evitar contagios de Covid-19 no es idónea y no tiene fundamento.
Señaló que en el operativo del pasado 27 de junio las personas detenidas fueron subidas a camionetas de la policía municipal sin ningún tipo de medida para evitar contagios, como la sana distancia, y sin que se les proporcionaran cubrebocas. Además, que en algunos casos fueron presentadas hasta cuatro horas después de ocurridas las detenciones y fueron liberadas previo pago de la multa correspondiente a faltas contra la salud pública.
En la misiva expuso que este operativo no ha sido el único que se ha realizado en el estado de Guanajuato a lo largo de la contingencia sanitaria, ya que el pasado 20 de junio se llevó a cabo otro en el que se detuvieron 62 personas en León. Añadió que de acuerdo con lo reportado por La Jornada el año pasado, de julio a noviembre de 2020, se detuvieron a mil 282 personas por no usar cubrebocas.
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por dicho contexto y destacó que la detención de personas que no portan cubrebocas y su posterior privación de la libertad “responden a una medida que no tiene su fundamento en la Constitución, pues no es decretada por mandato presidencial, y bajo el procedimiento correspondiente”.
En la carta firmada por Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, llamó a privilegiar medidas efectivas que conlleven a concientizar a la población sobre la importancia del uso de cubrebocas y evitar medidas que restrinjan derechos.
“Cuando se empodera a la ciudadanía con conocimientos basados en evidencias científicas para proteger su propia salud y la de sus comunidades, y se le dan herramientas y recursos económicos para cumplir voluntariamente medidas de cuarentena y aislamiento, o como en este caso el uso de equipo de protección, la población tenderá a hacerlo”, refirió.
Además, resaltó que las detenciones pueden colocar a las personas en contextos de alto riesgo de contagios al no contar con las medias sanitarias adecuadas, vulnerando así su derecho a la salud y a la integridad.
Edición: Laura Espejo
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