Roberto Garduño y Néstor Jiménez
Detrás de la empresa israelí NSO, desarrolladora del software Pegasus utilizado para espiar a 15 mil personas en el país (México), operó una red de transferencias financieras a través de empresas fachada, que se extendieron a Israel, Italia y Estados Unidos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, se pagaron 32 millones de dólares por ese instrumento, aseguró Santiago Nieto.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, expuso que -por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador- la información recabada en diversas instituciones de la actual administración, será entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
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En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario expuso que el espionaje tiene que ver “con el antiguo régimen, fue un distintivo del régimen neoliberal. Qué bueno que se ventile este asunto porque fue un gran negocio de las empresas y de los funcionarios.”
El mandatario recalcó que en su etapa de opositor, en 1990, se reunió con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, en su oficina de Bucareli (CDMX). Observó una fuente de agua, escuchó música y vio -también- una caseta telefónica blindada, para evitar la intercepción de las llamadas de aquel.
Y entonces dijo con ironía, hay que desarrollar una tecnología “para que no puedan escuchar”.
En su turno, Santiago Nieto describió que alrededor de los contratos que firmó Tomas Zerón -hoy escondido en Israel, pues pesa sobre él una orden de extradición de la autoridad mexicana-, con la empresa israelí NSO se desplegó una amplia operación financiera, cuyos recursos del pago con fondos del gobierno mexicano, recalaron en cuentas de esa corporación en Israel, Italia y Estados Unidos.
Así participaron empresas fachada como KBH Track, y Balam Seguridad, y detrás de ellas Proyectos y Diseños MCE, Grupo Comercial Micra, Constructora del Centro Bajío y Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos.
El funcionario también expuso que para la operación de actividades de espionaje en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se establecieron contratos a sobre precio para beneficiar a la operadora del sistema de escuchas por montos de 5 mil 915 millones de pesos y 7 mil 96 millones de pesos, respectivamente.
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