La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió una investigación “exhaustiva y expedita” del asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, ocurrido el jueves pasado en Ixtaczoquitlán, Veracruz.
Indicó que históricamente en México las condiciones en que los periodistas han desarrollado su profesión “han sido generalmente adversas. Por décadas imperaba la censura, el espionaje, el cierre de medios, el destierro y hasta el asesinato por el sólo hecho de disentir del poder, y hoy lo que vivimos es producto de la influencia del crimen organizado y de la impunidad que genera la lentitud en las investigaciones y el castigo a los culpables, lo que resulta igual de agraviante, pero de diferente naturaleza”.
En un comunicado refirió que desde noviembre de 2019, en que inició la actual gestión, se han registrado 45 asesinatos de periodistas, “algunos por hacer denuncias contra políticos y funcionarios locales, otros por cubrir hallazgos de restos de desaparecidos o escenarios de ejecutados y hay que agregar que algunos de ellos contaban con escoltas, asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o estaban en espera de ser incluidos en el mismo, por antecedentes de haber recibido amenazas por sus denuncias contra el crimen organizado”.
La CNDH manifestó que las agresiones a periodistas “representan sin duda un atentado al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”.
Condenó “enérgicamente” el homicidio de Romero Flores y exigió una investigación que permita el esclarecimiento de los hechos y su posible vínculo con su actividad profesional, toda vez que según su familia, había recibido amenazas con anterioridad.
Señaló que según información recabada, Romero Flores fue asesinado por sujetos desconocidos que le dispararon mientras circulaba en su automóvil. El periodista trabajaba, principalmente, en municipios indígenas en la sierra en Zongolica y Orizaba y era reconocido por sus denuncias por las injusticias sociales y la inseguridad.
La CNDH demandó a la Fiscalía General de Veracruz indagar los hechos y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso.
Llamó a reforzar las acciones de protección del Estado para garantizar el ejercicio de la profesión periodística, y la capacidad de respuesta de las fiscalías, “que dé certidumbre de justicia, que rompa el círculo vicioso de la impunidad y garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos”.
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