La diputada Laura Imelda Pérez Segura presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para tipificar como delito la filtración de material audiovisual relacionado con hechos delictivos, especialmente si las víctimas son mujeres.
La propuesta de la diputada de la bancada de Morena solicita que los servidores públicos que difundan o filtren imágenes, audios, videos, documentos o información reservada de investigación delictiva sean sancionados hasta con 10 años de prisión.
La iniciativa pone énfasis en los hechos delictivos contra las mujeres, como homicidios dolosos, feminicidios y violencia física o sexual.
Pérez Segura argumentó que, de aprobarse esta iniciativa, se evitarán las violaciones al debido proceso y se salvaguardarán los derechos humanos de las víctimas y familiares.
La iniciativa de la morenista pide añadir el artículo 225 Bis al Código Penal Federal para establecer una sanción de 6 a 10 años de prisión a quien fotografíe, videograbe, audiograbe y comparta y exponga el material de hechos delictivos.
La propuesta incluye a quien transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.
La sanción incrementaría hasta 50 por ciento cuando se trate de mujeres, adolescentes o niñas.
Durante la presentación de esta iniciativa, Imelda Pérez aseguró que está enfocada en construir un Estado de derecho con una perspectiva de género en la procuración de la justicia y combate a la violencia mediática de género y su normalización.
“Considero que la revictimización de la mujer es una de las causas por las cuales el Estado mexicano presenta una ineficacia en la implementación de procesos judiciales que garanticen el acceso a la justicia… Es una violencia institucional que sufre la víctima por parte de los impartidores de justicia, con nula o inadecuada atención en el seguimiento del caso y sentencia condenatoria; incluso, se busca justificación del acto violento, se pierde de vista a los perpetradores, al proceso y a la propia investigación”, señaló la legisladora.
Tras la presentación de la propuesta, será la Comisión de Justicia quien continúe su análisis.
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