Ernesto Martínez
La comunidad nahua de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, ganó un amparo contra las empresas mineras Las Encinas y ArcelorMittal, que extraen hierro de sus tierras sin haberse realizado una consulta ni el proceso judicial que exige la ley.
El pasado 21 de enero, el juez sexto de distrito con sede en Uruapan concedió un amparo a San Juan Huitzontla, poblado de la zona serrana del noroeste de Michoacán, contra las concesiones mineras que la Secretaría de Economía federal otorgó sin deliberar entre los habitantes de manera libre, previa e informada.
A más de tres años de que la localidad comenzó el proceso legal, representada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la sentencia del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación de los derechos de San Juan Huitzontla y declaró la suspensión de los títulos de concesión a los dos consorcios hasta que se consulte a la comunidad.
El Centro Prodh dijo confiar en que la Secretaría de Economía no impugne la resolución, tomando en cuenta la posición política expresada por el gobierno federal en favor de los derechos indígenas.
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La sentencia a favor de los nahuas se emitió al tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a analizar, el próximo 2 de febrero, el amparo en revisión 134/2021 presentado por los ejidatarios de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, acompañados por Fundar, Centro de Investigación y Análisis AC, y el Consejo Tiyat Tlali.
“Si la SCJN no examina a profundidad la Ley Minera, seguirá validando una norma que permita concesionar tierras sin considerar la obligatoriedad de la consulta y de obtener el consentimiento libre e informado de los moradores”, señaló el Centro Prodh, que demandó tomar en cuenta que la mayoría de las comunidades indígenas mexicanas carecen de recursos para sostener litigios largos contra intereses económicos poderosos.
Por ello, el Centro Prodh, la Red Solidaria de Derechos Humanos en Michoacán y vecinos de San Juan Huitzontla exigieron una revisión integral de la ley en la materia.
Denuncian a funcionarios
Comuneros del municipio de Aquila denunciaron al magistrado Jorge Arturo Bernal y a Juan Carlos Robles, secretario de acuerdos del tribunal unitario agrario (TUA) 38, con sede en Colima, por otorgar derechos a un grupo minoritario de esa localidad nahua que pretende obtener regalías de la minera trasnacional Ternium, sin ser parte de los beneficiarios.
Tras una lucha que empezó en 2012, agricultores de Aquila lograron que Ternium les pagara derechos por extraer diariamente más de 10 mil toneladas de hierro, de tal forma que cada uno recibiría de 14 mil a 18 mil pesos mensuales.
Antonio Díaz, consejero y representante del grupo mayoritario de Aquila, indicó que desde hace al menos cinco años habitantes de la demarcación buscan sin sustento legal obtener parte de las regalías.
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