Aunque en “las calles” se sabe desde hace años, “ahora se reconoce desde el gobierno: Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, expuso la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso (Covaj) en un segundo video sobre las indagatorias.
Mientras se liberaron a imputados por considerarse víctimas de tortura, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial no persiguieron a los torturadores y “en años recientes han fallecido al menos 26 probables responsables de los hechos y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República”, se indica en el video.
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Por medio de redes sociales, al difundir el video, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que "desde 2014 se escuchó la consigna #FueElEstado en las calles”. Ante ello, apuntó que el reciente informe de la Covaj “confirma la articulación de autoridades de todos los órdenes y poderes para desaparecer a 43 personas y obstaculizar la justicia. Es, sin duda, un crimen de Estado”.
En tanto, en el video de poco más de dos minutos y el cual es el segundo de cuatro vídeos, se recalca que "una de las evidencias más contundentes, que ilustra la participación clara de las instituciones y facultada por la PGR, es la ruta que siguió el llamado quinto autobús”.
También se recuerda que los estudiantes de la normal rural, durante los hechos de 2014, buscaban trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses “sin saber que, uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada ‘verdad histórica’, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades, pues contenía droga o dinero ocultos”.
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Después de que los estudiantes desaparecieron, “cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle pasó a ese camión en todos los retenes que encontró hasta salir de Guerrero”.
A la par, se subraya que las acciones del Estado no se reducen solamente a ese día, ya que las familias de las víctimas “enfrentaron a una clara obstrucción” en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría y del poder judicial.
“Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber: complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes; liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados; pero no persiguieron a los torturadores; desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional; descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles; ordenaron destrucción de videos; entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad”.
La Comisión recalcó que "la investigación seguirá avanzando, no habrá carpetazo. Pero lo tenemos claro: Ayotzinapa es un crimen de Estado”.
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