El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció en el Senado que el gobierno mexicano insistirá en la exigencia de frenar el tráfico de armamento proveniente de Estados Unidos al país y prepara dos nuevos recursos, entre ellos una segunda demanda la próxima semana en Arizona, contra los armerías, porque es “imposible reducir la violencia” con el elevado número de armas que pasan a territorio nacional, incluso a través de prestanombres.
Anunció también que presentará una apelación a la decisión del juez federal de Estados Unidos que desechó la primera demanda de México por la que se pretendía fincar responsabilidades a los fabricantes de armas de alto calibre que termina en manos del crimen organizado, ya que lo hizo con base en una legislación que los exime del uso que en otros países se de al armamento.
Expuso que de enero del 2020 a esta fecha, en la frontera norte, México ha asegurado 55 mil 996 armas, de las cuales 21 mil 430 son armas largas, de alto poder, lo que, “dicho de otro modo, significa que ese número es superior en número y capacidad fuego, que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las policías”.
Al comparecer en el pleno del Senado de la República, para la glosa del cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller explicó que es asunto primordial en la relación con Estados Unidos, que debe ser corresponsable en el combate a los cárteles de la droga.
El titular de Relaciones Exteriores reconoció que el litigio “va a ir creciendo, pero no quiere decir que tengamos conflicto con Estados Unidos, inclusive, el presidente Biden coincide, estamos en una posición similar en materia de armas. Respecto a la demanda que México presentó en contra de los fabricantes de armas, las que se venden sobre todo en diez condados, que juez federal en Estados Unidos no admitió, van a acudir a la apelación, ya que se hizo en base a una ley aprobada en la Unión Americana en el 2005, que otorga inmunidad a la industria de armamentos respecto al uso de las armas”.
Explicó a los senadores que el juez reconoció que México tiene razón en su demanda, ya que las armas que de manera ilegal pasan a México, son responsables de los homicidios en el país, pero esa ley del 2005 protege a la industria de armamentos de las consecuencias en otros países, lo que no se va aceptar.
“Lo vamos a cuestionar en la siguiente instancia, vamos a presentar la apelación para decir “no”, porque en el territorio mexicano la legislación que aplica en los principios jurídicos son diferentes y aquí está prohibido, no tienen inmunidad ni en México ni en ninguna otra parte del mundo”.
Aunado a ello, detalló, se presentará una segunda demanda contra la industria armamentista de Estados Unidos, con base en una legislación bipartidista en Estados Unidos, que acaba de entrar en vigor este año, entre junio y julio, “que establece como delito federal ya, el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes”.
Esta segunda demanda se presentara la próxima semana en Arizona “y vamos a demostrar que en muchos de estos puntos donde se venden estos productos, están operando prestanombres y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales porque las empresas que están vendiendo estas armas”.
El canciller explicó que en 10 condados se centra el tráfico de armas, uno de ellos “el famosísimo condado de Maricopa, del señor Arpaio que promueve el asesinato de migrantes. Eso es, desde nuestro punto de vista, un delincuente el señor y en ese condado se han vendido mil 482 armas largas que hemos asegurado en México”.
Esa segunda demanda, insistió, va a ser el tema primordial la próxima semana en el Diálogo de Seguridad con Estados Unidos, que es muy relevante, no sólo por las personalidades del gobierno de Biden que asistirán, sino porque “después de una negociación muy larga pasamos de una crisis en términos de seguridad, un desencuentro serio, a un entendimiento que tiene una serie de normas primordialmente basadas en la corresponsabilidad y en que los dos países tenemos que rendir cuentas lo que hacemos”.
Edición: Laura Espejo
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