Angélica Enciso L.
En el contexto del T-MEC, el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación del Tren Maya, ya que ciudadanos argumentaron omisiones en la aplicación de la legislación ambiental por “la presunta fragmentación de los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso del suelo y la aplicación del mecanismo de denuncia ciudadana”.
Aún, el consejo de la CCA, integrado por los ministros de medio ambiente de México, Estados Unidos y Canadá, deberá definir -con dos de tres votos a favor- si se realiza el expediente de hechos recomendado ante una petición ciudadana sobre aplicación efectiva de la legislación ambiental.
Los solicitantes presentaron la petición porque “México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental de nivel federal en lo relativo a la construcción del tramo 5 Sur del proyecto Tren Maya, en los municipios de Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, México”, detalló en un comunicado el secretariado de la CCA.
Explicó que la petición plantea inquietudes sobre los procesos de evaluación de los impactos ambientales y autorización del tramo 5 Sur del proyecto, y se argumenta que tendrá un efecto perjudicial en la región debido a que se ubica en una zona kárstica, caracterizada por la presencia de una gran cantidad de fracturas y fallas geológicas, cenotes y depresiones cerradas; la rápida infiltración de agua; la abundancia de cuevas y cavernas, y la ausencia de corrientes superficiales.
México, en su respuesta a esta petición, argumentó que hay procedimientos judiciales y administrativos pendientes de resolverse, dio información sobre el proceso de autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el proyecto.
Sin embargo, el secretariado concluyó que los procedimientos pendientes no impiden considerar si se justifica la elaboración de un expediente de hechos y determinó que su elaboración podría esclarecer cuestiones centrales abiertas relativas a la aplicación de las leyes por parte de México.
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