Con información de La Jornada y Efe
Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles reformas que dan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control indefinido del Tren Maya y la administración de ingresos económicos por turismo.
Los diputados aprobaron con 256 votos a favor y 216 en contra reformas a Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo para crear un fideicomiso que reciba el 80 % de lo recaudado por el impuesto de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, que actualmente administra el Fondo Nacional al Fomento Turístico (Fonatur).
Aunque la mayoría no aclaró cuál será el fideicomiso, la oposición denunció que estará a cargo de las Fuerzas Armadas y constará de 24 mil millones de pesos (casi mil 300 millones de dólares).
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“El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación, no podrá cederse o transferirse bajo ningún título. Sólo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen”, plantea la adición al artículo 10 de la citada ley reglamentaria.
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Morena impuso su mayoría para que la iniciativa se considerara de urgente resolución. La oposición consideró que se trató de un albazo, a unos días de que concluya el periodo actual de sesiones para beneficiar a las cinco paraestatales que estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“No podemos convertir a la Sedena en la constructora de México, se hará cargo de un sinfín de obras; no podemos darle poder a las Fuerzas Armadas”, sostuvo Julieta Mejía (Movimiento Ciudadano).
¿Qué implica?
Morena avaló una adición al artículo 59 Bis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para establecer que el titular del Ejecutivo Federal “puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación, por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social”.
También que, por ser áreas prioritarias, las vías de comunicación, como los ferrocarriles, se requiere una mejora jurídica para que los títulos de asignación se mantengan siempre en manos del Estado, “y debe existir una temporalidad indefinida de estos, para que no exista una transferencia indebida a ninguna persona y para garantizar el control estatal de los mismos”.
Considera que, de esta manera, las paraestatales brindarán certeza y seguridad jurídica para la creación de valor público con responsabilidad social y ambiental. Asimismo, “que no exista una remuneración económica excesiva, entendida como un objeto social, pues a diferencia de una empresa privada, en donde se busca el lucro, se busque que las personas tengan acceso al uso de los ferrocarriles a un precio justo”.
También, “un control de costos y precios por el uso de un beneficio social como es la comunicación terrestre entre estados que se encuentran incomunicados, pero que cuentan con vías férreas y que tienen posibilidad de explotar dichos bienes en pro de la comunidad, y que contribuyan como fuentes de desarrollo nacional y social del país”.
La iniciativa se turnó al Senado.
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