Propone ministro Laynez invalidar segunda parte del Plan B

Eduardo Murillo

El ministro Javier Laynez Potisek propone declarar inconstitucional la segunda parte del Plan B de reforma electoral, debido a que durante su aprobación la Cámara de Diputados y el Senado incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo. Por la misma razón fue declarada inconstitucional la primera parte del Plan B, en mayo pasado.

Laynez entregó a sus compañeros el proyecto de sentencia, de 157 fojas, que será votado este mismo mes.

“En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo, e incluso parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad”, señalan los efectos propuestos en el proyecto, que necesitarán de cuando menos 8 votos para ser aprobado.

Bajo este argumento, Laynez propone invalidar completamente el derecho publicado el 2 de marzo pasado, que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que el próximo proceso electoral federal deberá realizarse con base en las leyes anteriores.

ONG's presentan firmas al Supremo contra el Plan B

Organizaciones mexicanas presentaron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae (amigo de la corte) con el respaldo de 360 mil firmas ciudadanas contra de la reforma electoral Plan B.

“Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este ‘Plan B’”, señalaron en un escrito conjunto las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

El acto estuvo acompañado de gritos de apoyo al máximo tribunal del país y a la ministra presidenta, Norma Piña, quien ha recibido ataques del mandatario y sus seguidores.

“La ley es la ley”, gritaban los mexicanos reunidos a las afueras del recinto de la SCJN.

Las organizaciones, que conforman el movimiento Unid@s, manifestaron que el Plan B de López Obrador, promulgado el 2 de marzo pasado, es inconstitucional y viola los derechos políticos electorales de la ciudadanía.

También advirtieron de afectaciones a otros derechos humanos como el derecho de identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, y el acceso a la justicia.

Unid@s expresó que con este recurso jurídico se pretende demostrar al Supremo que el Plan B atenta contra los pilares democráticos de México y cambia las reglas electorales sin importar los principios constitucionales, “sin consenso y diálogo alguno”.

El amicus curiae se entregó en la Suprema Corte por los consejeros de UNE, Beatriz Leycegui y Juan Torres Landa, acompañados de simpatizantes vestidos de rosa.

“Venimos hasta la Corte para expresar el sentir de miles de mexicanos que seguimos creyendo en la democracia y el respeto a las instituciones que nos han formado como un pueblo que elige”, señaló Landa.

La SCJN invalidó a inicios de mayo una primera parte del llamado "plan B", al considerar que la mayoría oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) incurrió en graves violaciones al proceso legislativo.

Actualmente, los ministros del Supremo mantienen la discusión de una segunda parte, que también ha sido impugnada por el órgano autónomo que organiza las elecciones en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE).

Estos cambios han causado polémica entre organizaciones nacionales e internacionales por las alertas que se han generado en contra de la democracia, el debilitamiento del organismo que organiza las elecciones y que se realizan cambios previo a la renovación presidencial del próximo año.

Algunos de los principales cambios se centran en la reducción del 80 por ciento de los salarios del órgano y la eliminación de los organismos locales.

También se debilitan acciones afirmativas para garantizar la representación de minorías y paridad de género.

“No queremos una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria que ignora la paridad de género en candidaturas y que implica clara regresión en cuanto al reconocimiento de los derechos de las minorías”, señaló UNE.

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Edición: Estefanía Cardeña