De la península de Yucatán, Cancún, Mérida, Ciudad del Carmen y Chetumal resultaron con una calificación de Media Alta, mientras que Campeche con Media Baja, en el índice de Competitividad Urbana (ICU) 2023 que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El cual es elaborado a partir de 69 indicadores agrupados en 10 subíndices, y evalúa a 66 ciudades donde vive más de 62 por ciento de los habitantes de la república mexicana. Los niveles de competitividad en los que las urbes son calificadas son: Muy Alta, Alta, Media Alta, Media Baja, Baja y Muy Baja.
Las 66 ciudades fueron divididas en cuatro grupos de acuerdo con su número de población: más de un millón de habitantes, de medio millón a un millón de habitantes, de 250 mil a medio millón de habitantes y menos de 250 mil habitantes.
En el caso de más de un millón, Mérida está en séptimo lugar con una calificación de Media Alta; las mejores en este grupo fueron Monterrey, Saltillo y Querétaro con una calificación de Muy Alta.
En el caso de 500 mil a un millón de habitantes están Durango, Mazatlán y Culiacán como Muy Alta y Cancún está en quinto lugar, pero con una definición de Media Alta.
En el caso de ciudades de 250 mil a medio millón de habitantes, los primeros lugares clasificados como Muy Alta son Los Cabos, Puerto Vallarta y La Paz; mientras que Ciudad del Carmen es octavo y Chetumal décimo con Media Alta; Campeche está en el lugar 12, pero considerada con un ICU de Media Baja.
El IMCO informa que en todas las ciudades examinadas, al menos 60 por ciento de la población adulta percibe que en su gobierno hay prácticas de corrupción frecuentes y muy frecuentes.
También establece que en las ciudades evaluadas la mujer recibe 17 por ciento menos ingresos que un hombre, una brecha mayor que el año anterior, cuando se ubicó en 16.6 por ciento.
Entre las propuestas que sugiere el organismo tras el estudio, destacan tener agencias de promoción de inversión, que se incluyan sectores público, privado y académico; realizar y ejecutar planes de inversión en infraestructura, entre gobiernos estatales y municipales para garantizar el acceso a insumos básicos como agua y electricidad e identificar en conjunto los sectores más competitivos, con más potencial para la atracción de inversión.
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