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La Jornada
24/08/2025 | Chihuahua, Chihuahua
El grito hondo y desgarrador de su hijo alertó a Ana Cristina Sáenz Gómez: “Mamá, no veo nada, ya no te voy a volver a ver nunca”, dijo Carlos Daniel Rodríguez, de 16 años, cuando le explotó en el rostro un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio encargado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.
Sin saber qué hacer en ese momento, Ana Cristina llevó a su hijo —estudiante de la preparatoria técnica de ese organismo público descentralizado del gobierno estatal— al médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El diagnóstico fue demoledor: “Tiene los ojos fulminados, no tiene esperanza”.
“¿Cómo le explicas a tu hijo que no va a volver a ver? Le dije al doctor: ‘le dono mis ojos’”, relata llorando Ana Cristina. “Con 16 años y su vida por delante, sus sueños tirados a la basura, sus esperanzas, su futuro. Ver a mi hijo con sus ojos totalmente quemados es una impresión que nunca se me va a borrar”.
Diagnóstico devastador
Los hechos se remontan a marzo de 2024, en el ejido San Lorenzo, Buenaventura, Chihuahua, cuando el profesor Sergio Rentería encargó a sus alumnos un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio para crear piezas para torno.
Carlos Daniel recuerda que los primeros intentos se hicieron en el plantel educativo y que, en una ocasión, una brasa de carbón salió volando y quemó la malla de la escuela, aunque el profesor y los alumnos lograron controlarlo. Luego, el maestro ordenó continuar el proyecto en casa.
Es entonces cuando Adrián Hernández, Paulina Arredondo y Naomy Jurado acudieron a la casa de Carlos Daniel para proseguir el trabajo. Transportaban un tanque de gas cortado y botes de aluminio. A los pocos minutos de iniciar, ocurrió la explosión: “Estaba muy asustado porque no veía nada”.
“En la escuela nunca pudimos fundir; lo intentamos varias veces con el maestro, siempre era una cosa u otra y ese día pasó lo peor. Los profesores no nos ayudaban, o estaban platicando o iban a almorzar, pero siempre tenían un pretexto, nunca nos quisieron ayudar”.
Él sufrió quemaduras graves en ambos ojos, mientras que las lesiones de sus compañeros fueron leves, además de daños en su ropa. El plantel escolar ofreció entonces un seguro privado con tope de 75 mil pesos, condicionado a que los alumnos dijeran que el accidente había ocurrido en el plantel.
Los padres de Carlos Daniel rechazaron el ofrecimiento y lo llevaron al IMSS, donde le practicaron de inmediato un lavado quirúrgico de emergencia. El diagnóstico inicial fue pérdida total de visión y riesgo de enucleación (extirpación de los ojos).
Tras la cirugía, el diagnóstico cambió a pérdida funcional del ojo izquierdo y visión con pronóstico reservado en el derecho. Los padres buscaron entonces atención médica especializada, donde varios doctores recomendaron la reconstrucción de párpados y el trasplante de córneas.
Indolencia
Frente al accidente, el plantel educativo —dependiente del gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván— ha intentado “lavarse las manos” ofreciendo únicamente el seguro privado condicionado a mentir.
Después de más de un año de tratamientos, Ana Cristina relata que su hijo conserva un ojo semicerrado y apenas un 20 por ciento de visión en el otro.
“De la escuela ya no tuve noticia. Mi hijo estaba en tercer semestre, hablé con el profe y le pedí que no le fueran a quitar el seguro… y se lo quitaron. No he recibido ningún apoyo del plantel educativo. No han querido cubrir el costo de cirugías, tratamientos ni medicamentos. Ni siquiera emocionalmente nos han apoyado con terapia psicológica. Ni una disculpa. Nada”.
Denuncia además que la escuela retiró el seguro del IMSS donde el menor se atendía: “Es algo totalmente inhumano por parte del gobierno de Chihuahua. Me dijeron que mi hijo ya no cuenta con el servicio porque salió de la escuela, debido a que nos cambiamos de vivienda para atender sus necesidades médicas”.
“La escuela la presentaban como lo máximo. ¿Y lo de mi hijo qué? Su caso quedó como un accidente, como si se hubiera caído. Quieren minimizar todo. Otro estudiante se cayó de un segundo piso y no pasó nada, una niña se cortó una mano y no hicieron nada. Yo culpo a la escuela y al gobierno. Los profesores tienen mucha culpa porque fue una falta de atención, tal vez no estaban preparados. El gobierno debió estar al pendiente de lo que les faltaba”.
Dice que en el laboratorio no había el material necesario para una práctica segura: “Había tres batas y cinco lentes para 40 alumnos, no se daban abasto. Le llaman accidente a lo que le pasó a mi hijo, pero se pudo evitar. Ellos son los culpables”.
CEDH estipula la reparación del daño
El 25 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió la recomendación 5s.1.103/2025, a cargo del visitador Luis Manuel Lerma Ruiz, para exigir al gobierno de la gobernadora Campos la reparación del daño al menor, medidas de rehabilitación y sanciones para los responsables.
El documento señala:
“Puede comprender atención médica, servicios y asesorías jurídicas, servicios sociales para garantizar el restablecimiento de sus derechos, programas de educación, capacitación laboral y todas aquellas necesarias para reintegrar a la víctima a la sociedad.
“La autoridad deberá proporcionarle la atención médica y psicológica que requiera, de forma gratuita y a través de personal especializado, misma que deberá brindársele de forma inmediata y en un lugar accesible”.
También ordena un procedimiento administrativo contra los servidores públicos adscritos al colegio e involucrados en los hechos, a fin de reparar integralmente el daño causado a la víctima.
Carlos Ibarra, abogado de la familia, explica que esta recomendación es la base para la demanda civil contra el plantel educativo y el gobierno: “Es una situación muy injusta. Ya tenemos todo para hacer las reclamaciones en la responsabilidad patrimonial del Estado.
“Buscamos justicia para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Dejamos a nuestros hijos en manos de las instituciones educativas para formarlos y no puede ser posible que ocurra esto por una negligencia y responsabilidad de la escuela”.
El abogado aclara que la vía judicial no sólo pretende la reparación del daño, sino también sanciones al colegio y al gobierno: “Es una obligación compartida y tienen que pagarle a la víctima. No sólo una reparación integral, sino también una disculpa pública que reconozca la negligencia tanto del plantel educativo como del gobierno del estado”.
Criticó que la postura de los maestros responsables y del colegio siempre fue la negación: “Han tratado el asunto como si fuera negligencia de los alumnos, como si no tuvieran obligación de intervenir. Eso nos molesta mucho porque no han mostrado sensibilidad hacia el alumno gravemente afectado”.
Lo más grave, dijo, es la falta de servicio médico: “Ya no vamos a poder recuperar la vista que el menor perdió. La ley establece una cuantificación económica para sobrellevar la vida que le espera a Carlos por la pérdida de uno de los cinco sentidos más importantes. Por eso buscamos que la justicia los sancione para que se repare el daño integralmente”.
Luchará por su futuro
Preocupada y angustiada por la falta de apoyo médico, Ana Cristina advierte que seguirá luchando por su hijo: “Estoy pidiendo que se le asegure su futuro. Ya no va a poder hacer su vida normal. Quiero que le reparen el daño asegurando su vida económicamente. Era un niño alegre, siempre le gustaba andar en bicicleta, muy activo, y de pronto ver que ya no se puede mover igual es muy difícil. Para todo tiene que pedir favores, siempre tenemos que estar al pendiente de él”.
La familia dejó la zona rural para mudarse a la ciudad y buscar el apoyo médico que su hijo requiere. La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes ha exigido desde la tribuna que las instituciones acaten la recomendación de la CEDH:
“Este gobierno de Chihuahua se ha caracterizado por una frivolidad tremenda. Pedimos que acaten las recomendaciones y les entra por un oído y les sale por el otro. Lejos de esperar sensibilidad de la gobernadora, es todo lo contrario. Nos topamos con la indiferencia”.
Mientras tanto, la vida de Carlos Daniel ha dado un vuelco: no sólo perdió casi por completo la vista, también sus padres dejaron su casa en el campo para mudarse a la ciudad, donde el joven intenta adaptarse y buscar nuevos amigos.
“Ya no puedo hacer cosas que me gustaban, como andar en bicicleta o manejar la camioneta. Ya no puedo hacer mecánica, que siempre me apasionó. Por eso estamos pidiendo justicia”.
Edición: Emilio Gómez
