Justicia transicional

Carlos Luis Escoffié Duarte
La Jornada Maya

29 de junio, 2015

La justicia transicional es un concepto utilizado para identificar todas las medidas judiciales, jurídicas y políticas que adopta un Estado para transitar de un contexto de violencia y graves violaciones a derechos humanos a uno de paz y valores democráticos. La experiencia internacional ha centrado este tipo de medidas en casos de dictaduras o regímenes autoritarios y de conflictos armados. Ejemplo de estos procesos son la reconciliación en Sudáfrica post apartheid o la persecución en Argentina de los crímenes cometidos durante la dictadura. Con diferentes modalidades en cada país, estos procesos tienen como objetivo general garantizar la paz y la justicia y, al mismo tiempo, evitar el retorno de la violencia. Quizá parezca aventurado pero no ilógico hablar de tres experiencias en México que podríamos enmarcar con ciertos grados o componentes de justicia transicional, aunque por supuesto fallidos.

El primero es el fin de la revolución mexicana. Por supuesto, el concepto de “justicia transicional” estaba lejos de aparecer en el vocabulario internacional, pero se adoptaron ciertos elementos que contenían el germen de esa lógica. Por ejemplo, la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria fue por décadas un ministerio encargado de la aplicación de las reformas que perfilaban la repartición de tierras en un marco de justicia social para, entre otros objetivos, impedir el retorno al conflicto social. Tras las reformas en los años noventa y distintos capítulos lamentables, resulta evidente que se falló en sus objetivos.

Un segundo prototipo de proceso de justicia transicional y quizá el más hemipléjico fue el de la Guerra Sucia de los años sesenta, setenta y ochenta. En este caso se presentaron dos etapas. La primera durante el sexenio de López Portillo, en el cual se otorgó amnistía a los presos políticos y se realizó una reforma política que abrió la posibilidad de crear nuevos partidos para otorgar a la disidencia vías de participación política. El segundo capítulo se dio en el año 2000 con la llegada a la presidencia de Fox Quesada, quien creó una fiscalía especializada para investigar los crímenes de la Guerra Sucia. Se abrieron procesos contra personajes como Luis Echeverría, Nazar Haro y Acosta Chaparro, pero nadie fue sentenciado. Finalmente fue cerrada en 2006 por el propio presidente de la alternancia como parte de acuerdos políticos con el PRI.

La tercera experiencia se dio durante los procesos de paz por el conflicto armado en Chiapas. Los diálogos con el EZLN llevaron a la firma de los acuerdos de San Andrés para impulsar una reforma constitucional que por fin reconocería los derechos de los pueblos indígenas. El acuerdo fue desmembrado en el Poder Legislativo y el producto final, si bien significó un avance importante, quedó lejos de cumplir con lo pactado, reiterando el desinterés del Estado Mexicano por tomarse los derechos de los pueblos originarios en serio.
Ante el desesperanzador contexto que vive el país, corresponde plantearnos la posibilidad de un verdadero proceso de justicia transicional. Muchos señalan dos objeciones preliminares a esta idea. La primera, que no se puede hablar de una justicia transicional sin haber logrado ya una transición. La segunda, que la violencia en México no se da en un contexto de dictadura o de conflicto armado, sino de crimen organizado. Yo difiero con ambas. En mi opinión, determinados mecanismos de este tipo pueden ser implementados en medio de la violencia para provocar una transición. Ejemplo paradigmático es, con todos sus errores y sus aciertos, el actualmente impulsado en Colombia. Tampoco me adelantaría a concluir que en el país no hay un conflicto armado. Pero supongamos sin conceder que no lo hay. A pesar de ello, los mecanismos de justicia transicional son y deben ser aplicados a nuevos contextos para garantizar sus tres objetivos básicos: la verdad, la justicia y la reparación.

Por último, pero no menos importante, no hay que olvidar que el conflicto actual es, en gran medida, el resultado de los procesos de transición fallidos de los conflictos del pasado, los cuales estuvieron enmarcados, también, en desigualdades sociales, la acumulación voraz de la tierra en manos de unos pocos, la represión a la disidencia, así como la posterior impunidad y la escasa o nula reparación a las víctimas. Nuestro tejido social actual es producto de ello. Dejo el planteamiento sobre la mesa. Lo más complicado sería definir qué mecanismos y cómo implementarlos. La experiencia internacional nos servirá de mucho, pero no podemos importar experiencias completas. Debemos crear nuestro propio proceso. Es una tarea monumental, pero hay que hacerla y el primer paso es abordar el tema.

Twitter: @kalycho