Fabiola Martínez
Foto: Marco Peláez
La Jornada Maya

Ciudad de México
Sábado 24 de septiembre, 2016

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, advirtió de un panorama económico adverso para el año entrante, el cual provocará pérdida de empleos en diversos sectores, especialmente en los afectados por la depreciación del peso y la reducción del gasto público.

Hasta el momento, precisó, no se puede calcular el tamaño del impacto, aunque ya hay bajas estacionales de producción en la industria manufacturera, especialmente en el acero, donde es necesario aplicar medidas de protección.

No es general este tipo de circunstancias económicas, sino específicas en diversos sectores y, además, cambiantes en el tiempo, señaló.
El aumento del dólar, precisó, genera claroscuros: por un lado, aumenta la capacidad exportadora, pero, por el otro, la importación de ciertos productos eleva los costos; en este momento no se ha reflejado en un impacto inflacionario porque la volatilidad ha sido tan grande que los inventarios (vinculados a la cotización del billete verde) estaban cubiertos desde antes.

Donde tenemos que trabajar es en proteger a los empleados de menores ingresos, que no les afecta tanto la inflación, pero sí la canasta básica, dijo en entrevista.

Esta circunstancia, opinó, no pone en riesgo las prestaciones sociales contenidas en la ley, sino que afecta a quienes las pagan (patrones).
En cuanto a una propuesta empresarial de canjear la conservación de empleos y prestaciones por descuentos fiscales, aseveró que esta posibilidad no le conviene al país.

Subrayó que los efectos negativos no son consecuencia de las reformas estructurales, sino de factores externos. Por ello pidió no confundir una cosa con otra para torcerle el brazo a la sociedad dentro de un contexto de pretendida negociación de aspectos fiscales.
En el caso de la STPS, su principal programa de vinculación al empleo tendrá una merma de prácticamente 50 por ciento, lo cual significa un recorte de 815 millones de pesos, al pasar de mil 726 millones (monto ejercido este año) a 911 millones.

La astringencia y el recorte de dinero para esta dependencia podría compensarse, dijo, con el apoyo y la coordinación tanto de gobiernos estatales y municipales, así como de empresas y sindicatos.

En el caso de la baja de fondos propuesta para otras áreas fundamentales, como la inspección en el trabajo, la alternativa es focalizar tareas: revisión de condiciones generales de trabajo y asuntos de seguridad.

Navarrete Prida descartó que esta situaciójn afecte programas sociales. A largo plazo, dijo, el beneficio será mayor, porque se buscará tener finanzas estables.


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