Puntos ciegos en el caso de José Eduardo Ravelo

Desde antes de que estallara públicamente el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, el comandante de la policía municipal de Mérida, Mario Arturo Romero Escalante, simplemente se había convertido en ojo de hormiga. Desaparecido de la escena pública, nunca dio la cara, ni siquiera para informar, personalmente, como debiera haberlo hecho, de la detención de José Eduardo, misma que reconoció la policía municipal a través de un boletín de prensa enviado a través de WhatsApp a nuestro teléfono hasta el día 6 de agosto, es decir, el mismo día en que la mamá de José Eduardo y su abogado y ex candidato del PES colocaron el féretro con el cadáver del joven frente a Palacio de Gobierno en la plaza grande.

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Es decir, el boletín de la policía municipal fue enviado sólo después de que el escándalo estalló con la imagen del féretro en la vía pública en el corazón de la capital yucateca. Sin embargo, como reconoció apenas ayer el mismo comandante Mario Arturo Romero Escalante, la información del caso fue entregada desde al menos el día 29 de julio. Lo que quiere decir que unos 10 días antes, desde el día de la muerte de José Eduardo (acaecida el 25 de julio en el hospital O´Horán), decidieron no informar a la opinión pública, dejando correr el asunto con la esperanza de que no trascendiera.

Además, para el día 6 de agosto ya tenía al menos cuatro días la primera entrevista de la mamá de José Eduardo con el periodista Eric Manzanilla y de la publicación de las primeras notas sobre su detención, tortura y muerte. Y también cundió el silencio.

Eso sí, en el boletín del día 6 de agosto la policía municipal reconocía, entre líneas, la detención de José Eduardo: “En relación a la nota que está circulando sobre un joven que fue asegurado el 21 de julio en el parque de San Juan, y que lamentablemente falleció posteriormente, la Dirección de la Policía Municipal de Mérida informa que puso a disposición de la Fiscalía General del Estado toda la información disponible para esclarecer estos hechos”.

Con dichos elementos publicamos nuestra primera nota, en la que dábamos a conocer las acusaciones y denuncias de la mamá de José Eduardo contra la policía y el reconocimiento de la misma policía municipal de que lo habían detenido en el centro de la ciudad, y en una zona de su jurisdicción. En ese momento, la información a disposición, tanto oficial como de las víctimas, indicaba que la policía de Mérida era la responsable o presunta responsable. Al menos así lo decía la madre de la víctima

Lo fácil, como hicieron algunos, habría sido callar la voz de la madre de José Eduardo. Creyendo que el “escándalo” pasaría, irremediablemente. Sin embargo, el tema pronto se volvió viral y nota nacional, llenando el vacío informativo de la Comuna meridana. Los vídeos que compartimos del féretro frente a Palacio de Gobierno, circulaban en redes sociales.

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Y claro, recalcamos, en ningún momento, el comandante de la policía municipal apareció. El que se dio a la tarea de defender a la corporación y a los policías incriminados días después, fue el mismo alcalde, Renán Barrera Concha, quien todavía ayer, durante su toma de protesta dijo que los “medios mienten”, sin especificar ni mencionar a quién, o quiénes y a qué tema o temas, se refiere.

En dicho evento, el alcalde le dijo también al gobernador Vila, en tono conciliador y sonriente tras los rumores de los desacuerdos entre ambos por el caso de José Eduardo: “sabes, amigo gobernador que conmigo cuentas siempre para coordinarnos”. Y al final se dirigió al gobernador para darle un abrazo, palmadas y apretón de manos. Todo perfecto.

Y fue tras ese acto y evento que el comandante Romero hizo sus primeras declaraciones al presentarse públicamente, por ser ratificado en el cargo por el mismo Renán Barrera Concha.

Al ser cuestionado sobre si renunciaría a su cargo -como señalamos en nuestra cuenta de Twitter que debería haberlo hecho al conocerse el caso de José Eduardo- el comandante de la policía municipal dijo lo siguiente:

“Yo estoy seguro, que si eso llega a dar, el mismo alcalde (Renán Barrera Concha) me va a pedir mi renuncia inmediatamente, pero estoy seguro que, bueno por toda la información (sic) que nosotros hemos podido ver, no se configura, ni la tortura, ni la (sic) mucho menos la violación (risa) eran las 10:30 de la mañana, o sea, es, es algo que no se puede dar; pero bueno, si estaríamos a disposición de todo a final de cuentas el responsable de la corporación soy yo y si se vinculan a ellos y se determina que son responsables, puede ser que hasta yo tenga alguna vinculación en ese sentido (sic) y bueno para eso estamos y tenemos que asumir las consecuencias de lo que se haga”.

Sin embargo, el gesto de hacerse a un lado, al menos mientras se realizaba la investigación y de declarar frente a la opinión pública sobre el caso, formalmente, antes de que estallara el “escándalo”, era una conditio sine qua non de una policía y de un gobierno democrático. Lo que no se hizo.

A través de la entrevista banquetera, el comandante también afirmó, además, que “proporcionaron toda, toda la información que se nos ha solicitado, tanto en vídeos, tanto en documentos, todo, todo se ha proporcionado”.

“Entonces, las autoridades competentes tienen toda la información para hacer su trabajo, tanto la fiscalía estatal y la fiscalía federal. La policía estatal de investigación desde el día 27 o 29 de julio ya tenían toda la información”, aseguró.

Con la música de fondo de la fiesta de la toma de protesta del alcalde -lo que le da a sus declaraciones un tono sardónico- el comandante municipal reconoció que existen puntos ciegos en el patio de la policía municipal. Y específicamente, en el lugar donde estuvo José Eduardo tendido en el piso por 40 minutos y donde le cambiaron el pantalón por un short -dicen algunos que porque “se hizo popó”- y donde podría haber sido sodomizado y torturado antes de ser llevado a rastras a la prisión, como se observa posteriormente en los vídeos que entregó la policía municipal y en los que también se observa a un gendarme enfrente de la cámara, todo el tiempo, obstaculizando la visión.

Es decir, para que nos entendamos y como el mismo Romero reconoce, no existen cámaras allí: “les dijimos que no tenemos, pero no es que nos neguemos, pero es que algunos lugares (sic)” no hay cámaras.

Obviamente, para el sesudo análisis de los columnistas en la Ciudad de México, sería muy relevante hacer notar que dichos puntos ciegos son del conocimiento de los policías, los que no por casualidad colocaron a José Eduardo en uno de esos puntos ciegos.

Mucho se dijo de los vídeos filtrados de la detención de José Eduardo por la policía municipal de Mérida a cuentas y personajes de la Ciudad de México. Se aseguró que inclusive se tenían las “24 horas” de la detención de José Eduardo y circularon algunas partes a propósito para generar la impresión de que allí no había pasado nada.

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Pero ahora se reconoce que no existen vídeos de un momento crucial de la detención de José Eduardo, cuando lo bajaron de la cama de pick up de la policía municipal aún consciente donde se aprecia que llevaba un pantalón mientras viajaba de bruces, para ser dejado en el piso. Luego se le ve desmayado en short.

Insistimos, no hay vídeo de esa parte crucial para la investigación, a pesar de que algún colega decimonónico local quiso pontificar endilgándole a todo mundo sus yerros, equívocos y complacencias sobre el caso, sin olvidar que en la declaración ante la FGE de Yucatán filtrada a medios capitalinos, el mismo José Eduardo (o más bien su abogado acompañado de su madre) señaló a policías estatales, mencionando algunos nombres y uniformes que no corresponderían a la policía municipal.

Por último, para no alargarnos más en éste espacio, el mismo Romero dejó entrever que él mismo podría ser vinculado a proceso al igual de los otros cuatro -o quizá más- policías que un juez dejó ir tranquilamente afirmando que no existían pruebas para vincularlos por la muerte de José Eduardo, quizá por la falta de contundencia de la Fiscalía General del Estado en exponer el caso.

Como reconoce Romero, podrían ser vinculados. Y, en caso suceda, eso podría pasar cuando aparezca en Mérida la Fiscalía General de la República con sus pruebas y peritos, lo que no significa sean culpables, sino que habrá un proceso judicial en el que las fiscalías deberán aportar las pruebas suficientes y necesarias, para demostrar la culpabilidad de quien sea responsable. Policías municipales o de otra corporación. Las pruebas, de no ser suficientes, podrían provocar que el caso se caiga y dejar libres a los presuntos culpables. Y sin justicia a José Eduardo. Que sería, muy grave e inaceptable.

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Edición: Laura Espejo