El 21 de julio José Eduardo Ravelo Echevarría fue detenido por policías municipales alrededor de las 10 de la mañana y fue presuntamente golpeado, torturado y abusado sexualmente por varios agentes.
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Salió al día siguiente, cerca del mediodía, se dirigió a su hogar, donde su compañero le tomó fotos de las marcas y heridas que tenía en su cuerpo, las cuales envió a su madre, quien se encontraba en su natal Veracruz; también le habló por teléfono para contarle lo sucedido.
La mujer juntó el dinero que pudo con sus familiares y viajó a Mérida para ver a su hijo el 24 de julio. Lo vio golpeado y con dificultad para respirar. Decidió llevarlo al Hospital General Agustín O’Horán, sin embargo, recuerda la madre, personal del nosocomio no le brindó la atención adecuada, sufrió discriminación, pues le cuestionaron su sexualidad.
Ahí, le ordenaron sacar unos rayos X pero le dijeron que costaban 400 pesos, ella no traía más dinero. Le habló a una pariente, quien le dijo que mejor fueran directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ahí denunciaron los abusos por parte de los policías, le tomaron su declaración y un médico legista comprobó el abuso y pidió una ambulancia para el joven, ante el grave estado en que se encontraba.
Lo llevaron otra vez al O’Horán, donde permaneció varios días en estado crítico. Pese a las atenciones, José Eduardo, a quien conocían como El Güero, falleció el martes 3 de agosto.
El jueves 5 de agosto, la señora María volvió a la Fiscalía a levantar una denuncia, ahora por homicidio, la cual quedó asentada en la carpeta 64/2021.
Ese mismo día, en la noche, le entregaron el cuerpo del joven. María y su hijo mayor, Irving Covián Ravelo, lo velaron en la funeraria Nieves, cuyo propietario, Andrés Nieves Cervantes, les brindó asesoría legal.
El viernes 6 de agosto, en el velorio de José, la madre recibió un momento a los medios de comunicación, dio más detalles del caso y aseguró que fueron policías los asesinos de su hijo, y que por la descripción que hizo fueron municipales.
Ese día, en la tarde, una imagen consternó al centro de la ciudad: María Ravelo llevó el ataúd de su hijo a las puertas del Palacio de Gobierno del estado, para exigir justicia por la muerte de su hijo.
El 8 de agosto se realizó la primera movilización de la ciudadanía por la muerte del veracruzano. Cientos de manifestantes se presentaron frente al Palacio de Gobierno y del Palacio Municipal para pedir el peso de la ley a los responsables.
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También ese día, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se sumó al reclamo de justicia.
El 9 de agosto, Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH, indicó que el hecho pone en evidencia que en el estado hace falta una política que proteja los derechos humanos, además de combatir la discriminación y xenofobia que prevalece en la entidad.
También el 9 de agosto, luego de varios días en silencio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), hizo un llamado a la FGE de Yucatán, al Poder Judicial, a la Policía de Mérida, a la Secretaría de Salud y en general a todas las autoridades correspondientes, a realizar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecer la muerte de la víctima, con especial atención a la relación de este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.
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El 10 de agosto, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, concedió entrevistas a varios medios nacionales donde aseguró que el joven no fue detenido por “verse
sospechoso” -como su madre denunció-, ni por sus preferencias sexuales, sino por “alteración del orden público”.
El 11 de agosto, doña María se reunió, en compañía de su hijo Irving y su abogado, Andrés Nieves, con Barrera Concha. El encuentro, indicó a los medios de comunicación, le dejó “un mal sabor de boca”.
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También ese día, a pesar de la lluvia, tuvo lugar otra manifestación callejera.
El 11 de agosto, Amnistía Internacional México se sumó a los llamados de justicia para José Eduardo.
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El 12 de agosto, la segunda audiencia de vinculación a proceso sobre el caso, en el Centro de Justicia Oral de Mérida, fue suspendida porque las partes solicitaron tiempo para aportar más datos de prueba al proceso.
Más tarde ese día, doña María se reunió con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, quien le prometió justicia; la mujer calificó mejor ese encuentro.
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El 13 de agosto, luego de más de ocho horas de audiencia, el juez de control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, determinó dejar en libertad a los cuatro policías detenidos por su presunta participación en el asesinato del joven: dictó acto de no vinculación a proceso, indicó que no fueron aportadas las pruebas suficientes para probar su culpabilidad, además de que hubo contradicciones en las declaraciones de la víctima.
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Ese mismo viernes, en la noche, fueron filtradas unas videograbaciones en redes sociales y medios locales y nacionales, que muestran parte del momento cuando fue detenido y su llegada a las instalaciones de la corporación.
En la grabación el joven es sometido en el suelo y presionado por un oficial que le coloca su peso con una rodilla. Después El Güero, en la celda, tiene problemas para levantarse. En otro video sale en libertad, caminando con dificultad.
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