La actual forma de ejercer el poder político en México implica, para algunos actores, desmarcarse tajantemente del pasado. Históricamente, esto ha sido equivalente a romper con un grupo de élite para descalificarlo como interlocutor e impedir su eventual retorno a los puestos de poder. El conflicto que desde hace un par de semanas tiene lugar en Campeche es igualmente un enfrentamiento entre élites locales, pero su impacto en el espacio nacional todavía está por conocerse.
Layda Sansores San Román, titular del Ejecutivo de Campeche, la ha emprendido contra uno de sus predecesores: Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien actualmente preside al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional. Su antecesor inmediato, Carlos Miguel Aysa González, como se recordará, llegó al cargo como interino de Alito y hoy forma parte del cuerpo diplomático de la Cuarta Transformación.
Sansores, quien ocupa la gubernatura desde el 16 de septiembre del año pasado, tiene en los llamados Martes del Jaguar uno de los recursos fundamentales de su estrategia de comunicación, y lo ha utilizado para exhibir lo que ha considerado corrupción por parte de sus antecesores, pero recientemente se ha cebado con Moreno Cárdenas, enseñando varios audios que lo involucran en presuntos delitos electorales y, desde esta semana, declarando “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, ante un interlocutor que hasta ahora permanece desconocido.
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La frase, pronunciada en un país que ha sido calificado como el más peligroso para ejercer el periodismo y apenas unos cuantos días después de la ejecución de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García en Veracruz, ha causado un revuelo justificado. La ONG ARTICLE-19 considera lo expresado como “inadmisible” en un régimen democrático, y seguramente en los próximos días veremos más condenas.
Por supuesto, Moreno Cárdenas no ha permanecido en silencio. Alega que la revelación de los audios está truqueada, que obedece a una campaña contra el PRI por haberse opuesto a la reforma energética del presidente López Obrador, y que en todo caso la gobernadora campechana debería haberlo denunciado ante la autoridad correspondiente. En realidad el conflicto apenas está en los primeros rounds.
No es ningún secreto que Alejandro Moreno aspira a la candidatura presidencial por el PRI, sólo o en alianza con otros partidos, para 2024. Recordemos que renunció a la gubernatura, un cargo de elección, por encabezar el PRI, puesto al que buscó ser designado. Recientemente, presentó un diagnóstico del instituto que encabeza con miras a una participación competitiva en las próximas elecciones. Alito está operando en el escenario nacional y sabe que el peso del PRI tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados es de consideración para el Presidente, quien en repetidas ocasiones llamó a los tricolores a apoyar la reforma energética, y una mayor polarización en el Congreso a resultas del conflicto en Campeche puede provocar mayores problemas al gobierno federal.
Respuestas pendientes
Todavía, la actual gobernadora debe responder a la ciudadanía cuestionamientos tales como ¿quién hace llegar estos audios a su oficina?, ¿quién tuvo el interés y la capacidad para grabar a Alejandro Moreno?, ¿desde cuándo se graba al ex gobernador?, y tal vez la más importante: Esos audios, ¿son todavía pruebas válidas para un proceso judicial?
Layda Sansores va ganando en cuanto a crear una imagen más que negativa de Alito. El audio más reciente lo exhibe como un peligro para la prensa y ese es un golpe que difícilmente podrá quitarse el presidente del PRI. Sin embargo, si la gobernadora se queda en ese plano y no judicializa el caso, perderá la oportunidad de mostrar que su gobierno procede institucional y democráticamente, y esto le restaría votos a Morena en sus próximos procesos locales.
Las guerras, incluso las políticas, requieren de estrategia y eficiencia en el manejo de recursos.
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