Los conceptos de soberanía y nacionalismo han sido estigmatizados, a conveniencia de los poderosos, en los países menos desarrollados para poder apropiarse de sus riquezas con la complicidad de sus gobernantes y las élites económicas.
La Soberanía es el poder supremo que corresponde de manera inalienable a un Estado independiente, sin interferencias externas. No se puede ceder, ni concesionar, ya que es el fundamento de la existencia de una nación. En los países democráticos la soberanía radica en el pueblo, en la colectividad de una nación con el respeto a los valores históricos y culturales que le dieron origen. Es un atropello que por encima de la Soberanía de una nación se antepongan los intereses de potencias extranjeras.
En México, las élites políticas y económicas opositoras al presidente de la república ponen sus intereses por encima de los intereses de su nación, lo cual es una aberración, pero además pretenden gobernar otra vez, lo cual parece un insulto a la inteligencia del pueblo y al sentido común.
Porque convino a sus intereses, las élites políticas y económicas mexicanas, se rindieron al libre mercado y lo glorificaron mientras cedían y concesionaban los recursos nacionales a cambio de dádivas y tener parte del botín.
La soberanía energética de México ha sido siempre denostada por las élites políticas y económicas mexicanas. Fue votada en contra por las diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD que presumieron por todos los medios su rechazo a la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador con el beneplácito de la comentocracia y la intelectualidad de la derecha conservadora. Esos mismos, ahora han emprendido una campaña histérica, antinacionalista, rogando porque los Estados Unidos modifiquen con su fuerza la política energética de México, aunque signifique poner en manos de voraces corporaciones extranjeras nuestro petróleo y la electricidad. Su odio no les permite ver que el reclamo Norteamericano y canadiense en el contexto del Tratado de Libre Comercio debe resolverse por conciliación y en el peor de los casos por litigio, en los cuales México dará sus argumentos que son muchos y válidos. Su rabia, su odio, los ciega.
En lo local
Quintana Roo es la entidad de sureste de México en el que la inseguridad pública y la violencia, lejos de disminuir se han incrementado. Lo sabe el gobierno federal. De hecho el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en junio, en presuntos delitos por cada cien mil habitantes, Quintana Roo ocupó el tercer lugar con una tasa de 241.7, solo por detrás de Colima con 307.6 y Baja California con 260.5. Hay que recordar que el Secretario de Marina José Rafael Ojeda, dio a conocer en la conferencia mañanera presidencial del 22 de julio, que Quintana Roo en el balance de lo que va del gobierno de la 4T ocupa el décimo lugar en homicidios dolosos con una tasa de 117.12, muy por arriba de la media nacional que es de 87.53 por cada cien mil habitantes. A pesar de la contundencia de los datos y lo escandaloso de los hechos, el Fiscal General Óscar Montes de Oca y el titular de Seguridad Pública Lucio Hernández, heredado por Alberto Capella, buscan a toda costa colarse en el gobierno de la Verde-MORENA, Mara Lezama. Ambos han sido cobijados por personajes nacionales del PRD enemigos de AMLO, Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez respectivamente. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡Hasta la próxima!
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