Por si hubiera alguna duda, ayer en una conferencia de prensa, con lenguaje cuidado pero suficientemente claro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) detalló los hechos y momentos que han significado un viraje preocupante en una ruta que hasta antes del informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas parecía esperanzadora en cuanto al arribo a verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El GIEI subrayó la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar la entrega de material reservado y el avance de las investigaciones, pero también advirtió de las graves consecuencias que se derivan de las reticencias y encubrimientos en el cuerpo militar y de las maniobras de injustificada toma de control de Alejandro Gertz Manero en los trabajos de la fiscalía especial, que ya mañana no estará a cargo de Omar Gómez Trejo.
El presidente, por su parte, hizo excepcionales puntualizaciones en su conferencia matutina de prensa. Precisó que fue él quien aceleró el proceso judicial contra elementos militares y civiles, en prevención de que pudieran huir y aunque los expedientes de consignación no estuviesen suficientemente integrados.
En el tema crucial del desistimiento de la Fiscalía General de la República respecto a una veintena de órdenes de aprehensión (16 de ellas contra militares) ya otorgadas por un juez, el presidente López Obrador se colocó del lado del equipo de Gertz Manero y en contra del criterio y las acciones de la fiscalía especial encabezada por Gómez Trejo, al aducir que él, AMLO, entendía a este fiscal (que forma parte de un órgano teóricamente autónomo, la FGR) como alguien que trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas; yo daba por hecho de que habían participado todos, ¿sí?
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El presidente de la República hizo interpretaciones delicadas. Dijo que luego del informe de la comisión presidida por Encinas se presentó el documento a la FGR, donde “como ahí hay interpretaciones distintas, tratan –esa es mi interpretación– de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al (ex) procurador (Jesús Murillo Karam) y estaba de por medio detener a militares”. No precisó AMLO si tal interpretación dinamitera correspondía a la fiscalía especial (Gómez Trejo) o a la fiscalía general (Gertz Manero), pero es de entenderse que la referencia es a la primera, pues sería la segunda la que de forma ríspida y relampagueante tomó decisiones adversas al equipo de Gómez Trejo.
López Obrador insistió en explicar el muy extraño desistimiento de órdenes de aprehensión contra 20 personas, 16 de ellas militares, a partir de que en el informe de Encinas no se incluían tales nombres. Ha de precisarse que la ahora desmantelada fiscalía especial tiene facultades por sí misma, con informe Encinas o sin él, de solicitar acción penal contra quien considere necesario, con tanto fundamento en esta ocasión de la veintena, que el juez correspondiente ya había aprobado tales solicitudes.
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“Buscaron reventar la investigación”, dijo el presidente, y agregó: “¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie” . Duras imputaciones a la fiscalía especial que Palacio Nacional reconoce haber entendido que “trabajaba de común acuerdo con Encinas”.
El golpe dado al proceso en busca de verdad y justicia y a los familiares de los 43 es seco y de largas consecuencias. Se fortalece la pretensión militar de aplicación mínima, condicionada y selectiva de la justicia civil en un caso central de la historia reciente y se concede una victoria significativa al fiscal de las oscuridades, Gertz Manero, que ha ido tejiendo falsos amarres en expedientes claves (otro, el de Murillo Karam) para ajustar los procesamientos judiciales a las necesidades políticas en turno. ¡Hasta el próximo lunes!
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Edición: Emilio Gómez
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