Entre la Guardia Nacional y la Constitución

Un nuevo y republicano jaloneo se está dando entre el Ejecutivo federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con motivo del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego que la Corte resolviera el 18 de abril sobre la acción de inconstitucionalidad 137/2022, resultado de impugnaciones que senadores de la oposición realizaron en contra de diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en septiembre de 2022.

Con ocho votos contra tres, la SCJN estableció que, de acuerdo a la Constitución, la Guardia Nacional debe ser un ente civil y su adscripción, determinación de acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aparte, invalidó la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento del comandante de la Guardia Nacional e hizo lo propio con el régimen diferenciado del personal de la corporación proveniente de la Policía MIlitar, a los que se habría seguido considerando integrantes activos del Ejército y Fuerza Aérea, quedando sujetos a la ordenanza militar. La Corte resolvió que esto distorsionaba el carácter civil de la Guardia y vulneraba el artículo 13 constitucional.

En resumen, la Corte resolvió que, independientemente de la coordinación para adiestramiento y realización de operativos en conjunto con elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina, la Guardia Nacional, sus planes, administración de recursos, mandos y personal, deben ser civiles.

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Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en la mañanera de este miércoles que la Corte actuó “a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo”, y anunció que insistirá en una reforma constitucional en 2024. En el Senado, igualmente, integrantes de la fracción de Morena interrumpieron la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, prorrumpieron en gritos para condenar la decisión de la SCJN.

De nuevo: es la división de poderes la que está manifestándose. La Corte, a partir del análisis de las reformas, determinó que iban en contra de la Constitución, y en este momento, el partido del Presidente no tiene los votos necesarios para promover un cambio en la Carta Máxima.

Pero vale la pena preguntarse cuál es la voluntad popular a la que alude el Presidente, pues tal pareciera que el ciudadano común, empleado, microempresario, integrante de una comunidad indígena, obrero… todos desean que la Guardia Nacional sea una corporación militarizada, y que la justificación es que toda policía con jurisdicción federal con carácter civil es corrupta por naturaleza; para ejemplo, la dirigida por Genaro García Luna.

Son muchas las diferencias entre los mexicanos, pero en lo que respecta a seguridad, es altamente probable que nos una la esperanza de que las policías, del carácter que sean, cumplan con sus funciones; si un elemento falla, que reciba el castigo establecido de acuerdo a la falta. Pero difícilmente admitiríamos que el Ejército, por ser la institución que más confianza genera, tenga que ser la que dirija el funcionamiento de las demás instituciones.

Si aceptamos la idea de que la Secretaría de Seguridad Pública no puede ni debe tener una corporación policiaca a su cargo porque ésta será corrupta, implica que no se ha buscado el origen de esta corrupción. Por el contrario, las causas se mantienen en la dependencia y eso facilitará que otras dependencias sigan esa misma vía. 

Pero mientras, entendamos que la descalificación fácil no contribuye al mejor funcionamiento de la república, y tampoco lo hará la unanimidad de voluntades en los tres poderes. Ya pasamos los tiempos del carro completo, el partido hegemónico y el presidencialismo autoritario. Son tiempos nuevos, también para una nueva ciudadanía y una novedosa relación con las autoridades.

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Edición: Estefanía Cardeña