Seguridad ¿a revisión?

Una palabra como seguridad se convierte en polisémica cuando se le entiende como una de las condiciones básicas para la convivencia armónica en una sociedad. De ahí que en los últimos 10 años se acostumbre acompañarla de un adjetivo: alimentaria, jurídica, digital, patrimonial, entre otras. Todas ellas son índices a partir de los cuales se evalúa el trabajo de las autoridades.

Este martes, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que dos estados líderes en el rubro de seguridad, Yucatán y Campeche, se encuentran entre las cinco entidades en las que el delito de robo de vehículos aumentó durante 2022, en 39 y 57 por ciento, respectivamente, esto cuando en el país la tendencia ha sido decreciente en este ilícito.

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Aunque los números relativos pueden llegar a escandalizar, lo cierto es que se traducen en 149 robos cometidos en Yucatán y 125 en Campeche. La cifra, sin embargo, no deja de ser preocupante, especialmente porque es un rubro que distingue a ambos estados, aunque Campeche ha decaído en los últimos tres años.

Pero Yucatán presume la seguridad como su gran fortaleza, esa que atrae migrantes e inversiones al mismo tiempo, y que se ha vuelto la base aparentemente sólida de la recuperación y crecimiento económicos tras la pandemia de Covid-19.

De mantenerse esta tendencia en Yucatán, podríamos hablar de que la estrategia de seguridad creada para el estado ha llegado a un límite en cuanto a su efectividad y es urgente realizar ajustes para evitar un desgaste. Estamos hablando de las acciones que iniciaron con el plan Escudo Yucatán en 2016, o todavía más atrás: con el establecimiento de retenes policiacos en las fronteras de la entidad, que instrumentó el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco en agosto de 2008. El tiempo transcurrido justifica revisar si a esa estrategia no le está entrando agua en los puntos donde menos sospechamos, y de esta manera proteger las inversiones que se han hecho en la entidad en los últimos tres años.

De no realizarse ajustes, la ciudadanía podría sentirse defraudada, tomando en cuenta que uno de los principales compromisos para realizar el remplacamiento fue precisamente ofrecer mayor tecnología, cámaras de videovigilancia y arcos de seguridad para prevenir delitos como el robo de vehículos. Con lo que se ha realizado hasta la fecha, esperaríamos una disminución, incluso mínima, no un incremento porcentual superior a un dígito.

Lo peligroso de que haya más robos de vehículos no es que Yucatán pierda su condición excepcional a nivel nacional. Lo grave es la posibilidad de prender el consenso sobre la imagen que proyectan las policías estatal y municipal, que dejen de ser los héroes que aprendimos a reconocer durante la pandemia, a los que actualmente se reconoce como excepcionales entre los servidores públicos, y que se han ganado a pulso las prestaciones que hoy tienen, como acceso a créditos de vivienda del Infonavit y becas en universidades privadas para sus hijos.

Entonces es necesario revisar qué entendemos por seguridad, y reconocer que no se trata únicamente de la ausencia o baja incidencia de crímenes violentos. Implica también que existan oportunidades laborales que realmente ofrezcan al trabajador un ingreso digno, que la población tenga acceso a vivienda y servicios básicos, a una alimentación sana y variada, así como a que sus bienes se encuentren debidamente protegidos; esto también sin estar expuestos a que las autoridades cometan arbitrariedades.

El precio de vivir en una ciudad, estado y/o país líder en el rubro de seguridad no puede ser mayor al que la ciudadanía ya paga en impuestos.

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Edición: Estefanía Cardeña