Román Meyer Falcón
Dentro de las múltiples transformaciones que ha experimentado la península de Yucatán a lo largo de su historia, es indudable que la que está teniendo lugar con el gobierno federal actual promete ser una de las más importantes y significativas.
Esto puede afirmarse por el apoyo general que hay hacia el sureste del país —desde el discurso hasta el ejercicio de diferentes programas sociales y políticas públicas—, pero, sobre todo, por la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más grandes del sexenio y, probablemente, el de mayor envergadura en la región en los últimos 100 años.
El corredor ferroviario de casi mil 600 kilómetros tiene el potencial de reconfigurar de manera muy positiva la dinámica socioeconómica y territorial de la Península. Se espera, por ejemplo, que mejore la movilidad, impulse el turismo interno y promueva el comercio y las inversiones en zonas que, hasta ahora, han permanecido olvidadas en la periferia.
No obstante, también hay preocupaciones legítimas sobre las posibles complicaciones que podría ocasionar. El aumento, probablemente exponencial, en los flujos de personas y mercancías puede reproducir algunos patrones de desigualdad y despojo existentes y exacerbar daños al medio ambiente.
Por ello, en el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hemos acompañado el proyecto, conscientes de que, con nuestras atribuciones, podemos disminuir las posibles repercusiones negativas y crear condiciones necesarias para que la distribución de los beneficios favorezca a todas las personas, pero sobre todo a las más vulnerables.
Así, desde el inicio de la construcción del Tren, la Sedatu y los organismos públicos que coordina como cabeza del sector, han llevado a cabo miles de acciones de mejoramiento urbano, vivienda, regularización de tenencia de suelo y ordenamiento territorial.
En el primer ámbito, de 2019 a la fecha se han construido más de 100 obras en 19 municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Espacios públicos de calidad en colonias y áreas con altos niveles de rezago o marginación que dan acceso a servicios básicos, de comercio, de recreación, de movilidad e incluso de gestión y prevención de riesgos: desde clínicas, centros educativos, mercados, teatros, polideportivos, parques y andadores hasta estaciones de bomberos.
La dignificación de lugares de encuentro público se ha complementado con casi 55 mil acciones de construcción, mejora y ampliación de viviendas, que aumentan la calidad de vida en la esfera privada del hogar. Estas se han logrado por medio de apoyos directos, sin intermediarios, y, en su mayoría, han consistido en subsidios para la autoproducción: es decir, para que la gente gestione personalmente los procesos de obra de su vivienda o que se encargue de la construcción en sí.
En términos de regularización se han llevado a cabo cerca de mil 800 acciones que permiten a las personas beneficiarias tener certeza sobre su patrimonio. Al respecto, vale destacar que está en marcha la regularización de 3 mil lotes en Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo, como reparación a una demanda de más de 20 años de comunidades que fueron estafadas por una comercializadora inmobiliaria.
Todo lo anterior se relaciona directamente con las acciones de ordenamiento territorial y, en particular, con el financiamiento y apoyo técnico para la elaboración de 29 instrumentos de planeación sostenible del territorio. Un tema importante es que 25 son programas municipales, porque los municipios son quienes tienen la facultad de determinar los usos de suelo: ahí se dictan las reglas para saber dónde sí y dónde no se podrá construir en los próximos años.
Y también cabe mencionar el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste (POTR-SSE), publicado en junio pasado, donde se establece una ruta de trabajo ambiciosa para regular y ordenar el uso del suelo en las siguientes dos décadas con base en siete estrategias, más de 200 acciones y 55 proyectos específicos. El documento puede consultarse aquí.
Para concluir, subrayo también que hemos colaborado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en varios asuntos. Uno de ellos es la puesta a disposición de terrenos nacionales en favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En abril de este año se entregaron 8 mil 451 hectáreas. que ampliarán las Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, y hay más procesos similares en marcha.
Otro tema favorable en términos de conservación ambiental es la creación del Parque del Jaguar, hoy área natural protegida de más de mil hectáreas en Tulum—, donde desde el año pasado hemos intervenido con la creación de obras que promueven la protección de la flora y fauna —en específico de los jaguares— y que, a la vez, promueven el disfrute ecoturístico: una barda perimetral, accesos, vialidades, andadores, módulos de descanso, un museo de sitio, iluminación y más.
Así pues, en la Sedatu tenemos la convicción de que el Tren Maya puede ser un proyecto que lleve al ordenamiento del desarrollo en la Península de Yucatán. Esto, desde luego, no sucederá de manera espontánea y automática. Al contrario: se requiere de mucho trabajo intenso, honesto y organizado, con base en criterios técnicos y sociales. Es indispensable la voluntad y el diálogo de los tres órdenes de gobierno, en primer lugar, pero también de la sociedad civil, la academia y, sin duda alguna, del sector privado.
Lejos de ser un “lugar común”, es una necesidad. Sólo así lograremos la ocupación racional y sostenible del territorio, en favor de un desarrollo económico incluyente y respetuoso del tejido social, del patrimonio cultural y, especialmente, del entorno ambiental.
Lea: Tren Maya: el tramo con todo a favor
Edición: Fernando Sierra
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada