Desde el momento en que Samuel García Sepúlveda aceptó ser postulado como precandidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), el gobierno de Nuevo León quedó al garete. Como jefe del Ejecutivo, García resultó electo con una debilidad estructural desde el inicio: la votación le favoreció, pero el Congreso quedó en manos de la oposición, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).
Ya de por sí, con un congreso dominado por la oposición, el panorama para un gobierno se antoja difícil y el avance que se logre en la autorización de obras, contratación de créditos o creación de plazas está sujeto a las habilidades de negociación que tenga el Ejecutivo. García encontró dificultades para que le fuera autorizada la licencia para separarse del cargo para lanzar su candidatura a la Presidencia, con todo y ser ésta temporal, únicamente por seis meses.
Debe tenerse en cuenta que durante la campaña por Nuevo León, García prometió ser diferente a su antecesor, Jaime Rodríguez El Bronco, quien precisamente se separó temporalmente del cargo para competir por la Presidencia en 2018.
El centro de la polémica es a quién le corresponde la designación de un gobernador interino. Legalmente, ésta es facultad exclusiva del Congreso, aunque en la realpolitik siempre hay espacio para los acuerdos, en este caso tomando en cuenta que la licencia solicitada implica la posibilidad de reasumir la gubernatura, una vez terminada la campaña. Por supuesto, a ocho meses de la elección, y de existir la posibilidad real del triunfo, el todavía gobernador, teniendo licencia, tendría que solicitar que ésta fuera indefinida.
La tensión en Nuevo León ha llegado al extremo de que hoy existen dos personas reclamando la gubernatura; una electa, Samuel García, y otra designada por el Congreso, Luis Enrique Orozco. En el cruce de comunicaciones, García ha faltado a las formas, sin dirigirse al Legislativo más que para notificar el acuerdo mediante el cual reasume la gubernatura y renuncia a sus aspiraciones a la Presidencia.
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La primera intención de Samuel García era que el interino fuera un correligionario suyo, Javier Navarro Velasco, su secretario de gobierno; esto alegando que los neoleoneses habían votado por MC para el Ejecutivo. Ahora bien, esos mismos votantes sufragaron por un congreso con mayoría de oposición, y en un régimen republicano, el Legislativo es el Poder que representa la soberanía del pueblo, por lo que los desaires a los diputados locales equivalen a ignorar a los votantes.
Este domingo, García Sepúlveda dio a conocer una carta enviada por “los prianistas” en la que le condicionaban la autorización para hacer campaña por la Presidencia y el nombramiento de Javier Navarro como gobernador interino a cambio de 2 mil 500 millones de pesos, el desistimiento de las denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de varios ex funcionarios, el nombramiento del fiscal general y del auditor superior del estado, y un blindaje especial para no pagar impuestos durante cinco años; puntos que dejan ver que la negociación política en esa entidad norteña equivale a la extorsión.
Ahora bien, a nadie le conviene que la tensión entre estos poderes en Nuevo León continúe. El primer afectado ha sido MC, que en unos cuantos días se ha quedado sin candidato a la Presidencia y tal vez imposibilitado a competir en junio, algo que le derriba el discurso de haber hecho todo para llegar a las elecciones como una fuerza política independiente.
En el ámbito local, el mismo partido resulta seriamente afectado, ya que de haberse presentado como diametralmente diferente al PRI y al PAN, mientras Samuel García muestra un rostro autoritario que los mexicanos reconocemos como en un viejo álbum de fotografías familiares.
En última instancia, el conflicto deberá dirimirse en el Senado, que tendrá como encomienda analizar la desaparición de poderes en Nuevo León, lo que obligaría a nuevas elecciones en ese estado. La solución a una crisis provocada por Samuel García y una fracción del Congreso vendría a ser una renovación obligada de los actores políticos y los partidos.
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