En todas las épocas, las sociedades han condenado determinadas costumbres, señalándolas de inmorales, decadentes, o de plano viciosas. Lo condenable es un espectro amplio en el cual caben aspectos del ejercicio de la sexualidad hasta la alimentación; desde el vestido hasta el largo de los cabellos. Por supuesto, lo que se lee, escucha o bebe, está entre lo más vigilado por los Torquemada de cada siglo.
La llegada de la revolución constitucionalista a Yucatán tuvo un momento de vigilancia y castigo a los vicios, pero especialmente al consumo de alcohol. Al general Salvador Alvarado, enviado por el Primer Jefe, Venustiano Carranza, se le debe que la entidad haya sido el primer “estado seco” en el país.
Contra lo que se pudiera pensar, la declaratoria no hizo mella en una de las principales empresas yucatecas, la Cervecería, que siguió funcionando sin problema. En La Voz de la Revolución es posible encontrar a Alvarado durante un “lunch -cerveza”, lo que lleva a la conclusión de que lo realmente perseguido era el consumo de licores, especialmente el aguardiente destilado de caña, el habanero, las mistelas y el anís. Los dos primeros se producían de manera artesanal en los trapiches del sur del estado, y el habanero también llegó a comercializarse debidamente envasado y con marca a finales del siglo XIX.
El aguardiente, por el contrario, era considerado de baja estofa por quienes lo consumían. Es decir, se le tenía por licor corriente y recibía el nombre de “pixoy”. En otra ocasión le dedicaremos esta columna a ese trago.
Durante el gobierno de Alvarado, a pesar de la declaración del combate al vicio, se dio otro fenómeno, o al menos la prensa apunta a que se hizo muy visible: el consumo de drogas. En su edición del 11 de julio de 1919, el semanario El Popular (no confundir con el que tres años después se fundó para apoyar la candidatura de Felipe Carrillo Puerto a la gubernatura), publicaba una nota titulada “La plaga más horrorosa que puede verse, la tenemos encima”. Se trataba de una excitativa al inspector general de Policía, coronel Ramírez Garrido, para que atendiera “la plaga de viciosos que ya es amenazante”.
La nota en cuestión llevaba un sumario que era precisamente el mensaje: “Al Sr. Cnel. Ramírez Garrido: Cada día, es más numeroso el grupo de individuos dedicados a fumar marihuana.” Sin embargo, el cuerpo no ofrece datos concretos, por lo que es muy probable que se haya originado en quejas que se mantuvieron anónimas, aunque no por ello lo publicado caería en falsedad. Se trataba de unificar la percepción del público en cuanto al fenómeno, y el consumo ilícito de drogas sí se reflejó en la prensa.
El periódico, dirigido por Gabriel Menéndez, consideraba que hacía “muchísima falta, una enérgica campaña de saneamiento, que debe organizar la policía para dar una más que enérgica batida, para terminar, para desaparecer, para cortar de raíz el vicio, para acabar de golpe con vicio y viciosos.”
Pero la publicación distinguía entre las drogas que se consumían y la gravedad de cada una de ellas. Por un lado, estaban las “heroicas” y por el otro las “yerbas enervantes”. Pero lo que alarmaba al semanario era que, en su percepción, el número de individuos dedicados a este consumo era ya escandaloso.
Apenas cuatro años antes ya había aparecido una caricatura en la que aparecía un soldado raso de los venidos con los constitucionalistas, fumando un cigarro de mariguana, y también se mencionó entonces el punto de reunión de quienes consumían la cannabis de esta forma.
La prensa yucateca en general, según El Popular, estaba llamando la atención sobre el problema. Había “muchas voces publicando en La Revista [de Yucatán], en Voz [de la Revolución] y a veces hasta en El Correo, frecuentes atropellos en la vía pública, y en plena luz del día, perpetrados por señores ‘chaufeurs’ que también, y entre ellos se cuentan algunos, consumen marihuana, opio, cocaína y a veces hasta inyecciones de morfa.”
En efecto, hasta la década de 1930, una de las causas para perder el título de conductor (entonces no eran licencias) era el consumo de drogas heroicas, que eran las enlistadas en el párrafo anterior. Para El Popular, “no bastan multas de 10 a 30 pesos, no, hay que castigar a los infractores con penas severas.” El asunto del consumo entre choferes era porque en Mérida eran muy pocos los propietarios de automóviles, y buena parte de los que había estaban destinados al alquiler, como taxis.
Una nota que da para pensar si la prohibición de algunas sustancias no tendría como consecuencia el consumo de otras más peligrosas y la ruptura del tejido social, pero ese ya es un tema para la sociología, del que se aprovechan los políticos.
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