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Balas contra votos

Editorial
Foto: Reuters

La violencia, en un nuevo ciclo sobre la élite política, cobró como víctima a Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. 

No deja de ser significativo que se tratara de la abanderada de la que actualmente es la principal fuerza política en el país, y que el asesinato se haya realizado en uno de los municipios más violentos a nivel nacional y a plena luz del día. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la jornada de este lunes fue “un día triste”, ya que la víctima luchaba por hacer valer la democracia.

 

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La semántica nos dice que el término “campaña” viene del lenguaje militar, que indica el tiempo en el cual se llevan a cabo acciones de combate con diferentes armas. Por extensión se ha pasado a usarlo para indicar períodos en los que se busca eliminar alguna amenaza para la salud general. En una democracia, la intención de usar la palabra es porque se enfrentan ideas y proyectos de nación, y por ningún motivo esta confrontación debiera costar vidas.

Sin embargo, el gobierno mexicano ya reconoció que, con Gisela Gaytán, van 15 asesinatos de aspirantes a puestos de elección en lo que va del actual proceso, y que van 108 candidatos que solicitan protección ante el riesgo de violencia. Esto debe verse como la punta del iceberg, pues las amenazas a otros aspirantes son otro pendiente del cual la cifra negra es insospechada; también están las “advertencias” expresadas en golpes o actos de intimidación contra familiares de los contendientes.

La violencia política, en cualquier expresión y sea quien sea la víctima o su filiación partidista, siempre será condenable; no importa si se trata de candidatos registrados, precandidatos o personas que únicamente hubiesen expresado su intención de participar en la contienda. Lo importante en la democracia es ofrecer al pueblo los mejores perfiles disponibles para cada cargo y que el combate quede siempre limitado a las ideas. Se quiere entender que, en todo momento, existirá la posibilidad de alcanzar acuerdos en el diseño de políticas públicas y que quienes compiten por algún cargo lo hacen con el ánimo de construir un mejor país.

Pero cuando el riesgo de morir a causa de una bala se convierte en un elemento decisivo en la competencia electoral, al grado de poder eliminar a cualquier competidor, la gran pregunta es a quién le interesa corromper la democracia a ese extremo. En el ámbito federal se habla de poderes fácticos, de grupos que controlan grandes cantidades de dinero; pero cuando se pasa al nivel municipal, podemos observar que los intereses son más palpables y nos enteramos de historias de conflictos entre familias que se remontan a varias décadas, o hallamos dinámicas políticas que remiten a viejos caciques. Los relatos podrían dar pie a una biblioteca de autores del realismo mágico mexicano.

 

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Tampoco resulta sano que autoridades y partidos se enfrasquen en reclamos sobre quién y cuándo debió brindar protección. El mecanismo anunciado a nivel federal implicaba una coordinación y la delimitación de jurisdicciones entre la Guardia Nacional y las policías estatales, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE). La cantidad de personas compitiendo por un cargo de elección popular y lo extenso del territorio son factores que hacen imposible que la primera corporación se encargue de esta tarea.

Llama la atención que las autoridades locales hayan desestimado una solicitud de protección alegando que las campañas no habían comenzado formalmente. El clima en Guanajuato y en varias otras entidades había mandado ya bastantes señales de advertencia. El resultado fue que en la primera jornada fue abatida la candidata. 

El problema que vendrá si como sociedad terminamos normalizando que haya una cierta cantidad de muertos durante las elecciones, habremos aceptado que la legitimidad la otorguen las balas, en lugar del sufragio.

La guerra de cifras de homicidios electorales tampoco es un buen termómetro. Uno solo de estos crímenes es indicador del grado de descomposición social que tenemos como país. Y lo grave de este momento es que las balas ya están sufragando.

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Lea, de la misma columna: Requiem… y justicia para Camila

 

Edición: Fernando Sierra


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