Opinión
La Jornada Maya
20/08/2024 | Mérida, Yucatán
La iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación sí tiene áreas de oportunidad para mejorar y le tocará al Congreso realizar las modificaciones necesarias para que de verdad se tenga al mejor Poder Judicial posible; al menos eso deja entrever la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a que el Legislativo elabore una adenda a fin de proteger a los jueces y magistrados que resuelvan asuntos relacionados con el crimen organizado.
El hecho de que el mandatario haya reconocido durante su conferencia mañanera que “se nos fue” el diseño de un mecanismo para cuidar a los juzgadores a los que corresponda analizar y decidir en casos vinculados con la delincuencia organizada, es una señal de que todavía hay voces a las cuales atender y que la iniciativa es perfectible.
Considerando que en algún momento el propio Presidente señaló que los jueces que tuvieran miedo a represalias del crimen organizado, mejor se dedicaran a otra cosa, pasar a una indicación para que se incluya “una especie de protección para jueces”, es un cambio importante en el discurso que se había venido manejando, e incluso deja muy atrás a los personajes de la oposición que se la han pasado predicando que los diputados de Morena y aliados no le cambiarán ni una coma a la iniciativa de reforma.
El Poder Judicial de la Federación solía recurrir a la rotación de jueces y magistrados precisamente como mecanismo de protección. Esto, como se ha visto, resulta insuficiente toda vez que los togados no cuentan con mayores medidas de seguridad equivalentes a las que tienen los mandos castrenses, que además de la rotación radican en cuarteles o zonas vecinales destinadas a los propios militares y vigiladas por las fuerzas armadas. En el ámbito de los organismos civiles, contar con una semejantes dimensiones de seguridad implicaría un costo enorme para el erario.
Dejar en manos de la próxima Legislatura federal la tarea de hallar una forma para hacer posible el blindaje de jueces y magistrados sobre quienes existen amenazas tanto contra sus personas como las de sus familiares, es primero que nada el reconocimiento de que mientras esta situación prevalezca será imposible contar con un Poder Judicial honesto y eficaz, pero también de que esa misma tarea le incumbe a más de uno y se requiere de la participación de todos los poderes.
Por último, el llamado es señal de que la iniciativa debe ser esencialmente humana, y asegurar que quienes tienen por encargo servir a la justicia cuenten con los elementos necesarios para ello, comenzando por reducir el margen de una repercusión contra ellos o sus familias. Los criminales cuentan con recursos para amenazar a los juzgadores, son capaces de ejercer una venganza brutal contra ellos o peor aún, desquitarse con quienes son todavía más vulnerables y que no tienen relación alguna con los fallos: las familias, a las cuales también pueden localizar fácilmente.
El mecanismo de protección será un agregado sumamente importante para la iniciativa, y sin duda no será el único. Los trabajadores del Poder Judicial, que son quienes mantienen al corriente el flujo de los casos cuando notifican, publican las sentencias o requieren información de las autoridades o primeras instancias, hoy demandan claridad en su relación laboral; esperemos que la discusión también alcance a llegar al Congreso y contemos entonces con una iniciativa realmente enriquecida y que la consecuencia sea un Poder Judicial que de verdad garantice una justicia pronta, expedita y gratuita.
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Edición: Fernando Sierra
