Reforma judicial: consummatum est

Finalmente, en la madrugada de este miércoles, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) fue aprobada en el Senado, con 86 votos a favor, destacando el que rompió la aparente unidad del bloque opositor, compuesto por los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), por la teatralidad con que se dio la aprobación por parte del legislador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, y la todavía no explicada ausencia del campechano Daniel Barreda, de MC.

Lo que sigue para que la reforma adquiera el carácter de constitucional es su aprobación por la mayoría simple de las legislaturas estatales; es decir, bastan 17 congresos locales para que el Ejecutivo ordene la publicación en el Diario Oficial de la Federación y la nueva normatividad comience a surtir efecto, a fin de que a partir de 2025 se elija a jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) mediante el voto popular. Esto implica la elección de más de mil 600 cargos judiciales.

Qué tan rápido se obtendrán los 17 congresos parece una cuestión de mero trámite, que podría concluir esta misma semana. Por lo pronto, las legislaturas de Oaxaca, Tamaulipas, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán ya han respaldado la reforma, sin más inconvenientes que algunas protestas por parte de presuntos trabajadores del PJF cuyo efecto principal fue suspender momentáneamente las respectivas sesiones. La única negativa hasta el momento es la de Querétaro.

Dentro de la normatividad mexicana, la única manera de detener una reforma a la Constitución, como es el caso, sería si se planteara la revisión del procedimiento legislativo; el contenido de la reforma, ese no es impugnable, por lo que si la oposición pretende tramitar algún recurso por esa vía, simplemente será improcedente.

Entonces, el anuncio de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), de que “la resistencia se va a mantener, es el inicio de la nueva democracia mexicana” y que “se va a luchar con las armas del derecho” en contra de la reforma, resulta un tanto ocioso cuando no se encuentra una vía sobre la cual actuar, al menos en el país.

Ahora bien, impulsar acciones jurídicas a nivel internacional queda como opción, aunque para esto se requiere contar con los suficientes recursos de litigio, toda vez que se trata de una cuestión de derecho internacional público y lo que tendría que probarse es que el nuevo modelo para conformar el Poder Judicial implica un riesgo grave para los derechos humanos y para las inversiones extranjeras en suelo mexicano. En todo caso, rige el principio de que la carga de la prueba recae en quien acusa; es decir, que quien promueva un recurso en una corte internacional deberá demostrar que existe ese peligro, aparte de que estos procedimientos suelen ser sumamente dilatados.

Por otro lado, el proceso de reforma ha producido cierto pánico en los mercados de valores y fluctuación en el tipo de cambio del peso frente al dólar estadunidense. Este será el desafío que quede para estos últimos días de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero también como reto inicial del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; lo realmente interesante será ver si los mercados ceden ante gestiones políticas y no por el ambiente económico per sé, como enseña la ortodoxia.

Edición: Fernando Sierra