Opinión
La Jornada Maya
16/02/2025 | Mérida, Yucatán
Tonalá no es precisamente un municipio grande para los parámetros mexicanos. Apenas supera los 100 mil habitantes, según el censo de 2020. Resulta entonces un tanto difícil creer que la existencia de personal policiaco en situación irregular fuera desconocida por sus superiores inmediatos, tanto dentro de la dirección municipal correspondiente como por la propia presidencia. Ahora, no es posible asumir que los 98 detenidos son todos delincuentes; al contrario, debemos ceñirnos al principio de presunción de inocencia. Siendo éste el caso, lo delicado es que una buena cantidad del personal policiaco de Tonalá no se encuentra empleado formalmente; es decir, posiblemente podrían estar laborando por contrato, sin recibir prestación alguna, y por esto mismo no podrían contar con credencial o identificación que los acredite como agentes del orden público.
Hasta ahora, de los 98 detenidos, cinco son los que tienen una causa pendiente, entre posesión de armas de fuego o sujetos a investigación por mantener comunicación con grupos de la delincuencia, a los que informaban sobre la instalación de retenes. La investigación, no obstante, apenas se ha abierto. En cuanto a los demás, debe aclararse por qué se detectó su situación irregular durante el pase de lista, pues su mera asistencia indica que respondían al llamado habitual de los jefes de la corporación.
Las policías municipales, por lo general, se encuentran entre las corporaciones de mayor cercanía con la población, y muchas veces son los primeros respondientes en caso de hechos de sangre, siniestros o conflictos vecinales. Sin embargo, las condiciones en que sus agentes deben cumplir con sus turnos laborales o brindar cualquier auxilio, distan mucho de ser las adecuadas. Hablamos de falta de capacitación, equipo táctico, armamento adecuado y, en otras tantas ocasiones, respaldo por parte de sus directivos. Es una situación ideal para el crimen organizado, que puede reclutarlos sin mucha dificultad, ofreciendo también una leve mejora en sus percepciones. El hecho de que de enero a la fecha hayan sido aprehendidos en Chiapas 359 policías municipales y de tránsito, y que de estos 88 hayan sido vinculados a proceso, es síntoma de la fragilidad de estas corporaciones.
Pero por otro lado, la debilidad de las policías municipales incide en toda la cadena de instituciones que deben brindar seguridad a la población. En una entidad fronteriza como Chiapas, y un municipio costero, unido por carretera al punto de ingreso al territorio nacional que es Tapachula, el tema no puede ser menor. Se trata de una zona que es paso obligado para miles de migrantes que huyen de la violencia en sus países pero que en su camino pueden ser víctimas de extorsionadores, tratantes de personas, o funcionarios corruptos que los dejan en manos del crimen organizado.
El riesgo de tener policías municipales débiles no es solamente porque les resta capacidad de respuesta e interlocución con la población en general. Cuando esto ocurre es porque las autoridades ya responden a intereses que no son los de la ciudadanía y sí de quienes se encuentran muy alejados del interés colectivo.
Ya no hablamos de quienes pueden encontrar en el mercado los uniformes de casi cualquier corporación policiaca y así hacerse pasar por agente de ellas. Cuando se acusa de usurpación de funciones a quienes asisten al pase de lista es que hay puntos sumamente débiles en la estructura institucional y el primer efecto es que la ciudadanía deje de confiar en quienes tiene más cerca en una situación de emergencia. Esto es ejercer violencia en contra de quienes deben ser los primeros en erradicarla. Difícilmente se abatirá el delito si a los policías no se les brinda estabilidad laboral y condiciones dignas para efectuar su trabajo.
Edición: Fernando Sierra
