Opinión
La Jornada Maya
20/05/2025 | Mérida, Yucatán
La mañana de ayer, 20 de mayo, durante la conferencia presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recibió un mensaje en su teléfono celular. Al leerlo, su expresión cambió notablemente.
Tras varios, intensos intercambios con el equipo técnico de comunicación, se levantó de su asiento y se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para comunicarle en privado una noticia grave.
Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de esa misma oficina, habían sido asesinados en una agresión directa en Calzada de Tlalpan. Minutos después, la presidenta compartió la noticia públicamente.
El crimen no fue producto del azar. Fue una ejecución dirigida contra funcionarios públicos en funciones, parte del equipo más cercano de una de las figuras más destacadas de la Cuarta Transformación. Por sus características, se trató de un ataque con mensaje político, que busca intimidar y debilitar. No se puede minimizar ni tratar como un hecho aislado.
La noticia provocó una oleada de indignación, pero también despertó entre los capitalinos una sensación inquietante: la de que, a pesar de todos los avances logrados en materia de seguridad durante los últimos años, la violencia sigue presente en la Ciudad de México. Un fantasma imposible de exiliar, que se mantiene latente, agazapado, esperando el momento oportuno para reclamar sus antiguos territorios. La agresión en plena vía pública y contra servidores públicos expone la fragilidad de esa calma que, aunque extendida, nunca ha sido completa.
Omar García Harfuch tiene la responsabilidad directa de esclarecer este crimen. No sólo porque encabeza el aparato de seguridad del país, sino porque sabe, por experiencia propia, lo que significa ser blanco de un atentado.
En 2020 sobrevivió a uno con características similares. Hoy, desde otro lugar, debe garantizar una respuesta clara, con resultados y sin dilaciones.
A la indignación por el asesinato de Ximena y José se han sumado reacciones oportunistas. No faltan quienes intentan usar el crimen para sembrar sospechas, golpear políticamente o alimentar la desconfianza. Son los mismos sectores que siempre apuestan al caos, al desgaste institucional y a la descomposición del espacio público.
El gobierno federal y el capitalino no pueden dejar lugar a dudas. Están obligados a investigar a fondo, a comunicar con precisión y a sancionar con firmeza. No basta con identificar a los autores materiales. Es indispensable entender el móvil, exponer las redes detrás del crimen y proteger a quienes trabajan por el bien público.
La Cuarta Transformación no puede permitir que este asesinato quede impune. No sólo por respeto a las víctimas, sino porque defender la vida de quienes sirven al Estado es condición mínima para sostener cualquier proyecto democrático. Honrar a Ximena y José exige justicia. También requiere impedir que quienes celebran la violencia o lucran con ella se impongan en el debate público.
La utopía, si quiere seguir siendo posible, necesita justicia. No sólo para cerrar un duelo, sino para sostener la esperanza.
Edición: Fernando Sierra
