Interminable purga por los delitos de García Luna

México sigue purgando los crímenes de Genaro García Luna. A más de una década del final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, las consecuencias del narco-Estado que permitió su entonces secretario de Seguridad Pública —hoy condenado en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos— no solo persisten, sino que se ramifican dolorosamente en instituciones, empresas y, sobre todo, en la dignidad nacional.

La reciente sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a quienes acusa de colaborar con cárteles para lavar dinero y facilitar pagos para la compra de precursores del fentanilo, forma parte de una larga estela de devastación que dejó la simulación de una “guerra contra el narco” que solo sirvió para consolidar redes criminales, enriquecimientos ilícitos y la militarización del país. Mientras García Luna negocia su encierro con la justicia estadounidense, México enfrenta la resaca institucional, financiera y diplomática de sus crímenes.

Aun si estas instituciones no han sido encontradas culpables en territorio mexicano, el daño reputacional es profundo y las repercusiones no se limitan a su operación. El golpe se extiende al sistema financiero nacional, sobre el que Washington lanza ahora una sombra de sospecha. Las investigaciones estadounidenses apuntan a que esas tres entidades facilitaron operaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos, mediante millonarias transferencias a empresas en Asia para la adquisición de precursores químicos. Un contexto que permite a Estados Unidos presentarse como autoridad moral, aun cuando buena parte de la demanda y del sistema que sostiene este comercio está arraigado en su propio territorio.

Este señalamiento, revestido de cooperación internacional, huele a unilateralismo punitivo. Sirve también de pretexto para justificar nuevas presiones sobre México, en un momento en que Washington endurece su retórica frente al fentanilo y busca culpables extramuros. Las sanciones financieras —en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo— también operan como instrumento de poder: son advertencia, castigo y advertencia otra vez. Que tres instituciones financieras mexicanas manejen activos por más de 22 mil millones de dólares no es un dato menor en este tablero.

Frente a este embate, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme y prudente. En conferencia de prensa, subrayó que Estados Unidos no ha compartido ninguna prueba concreta que sustente sus acusaciones: “Son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”. Añadió que las investigaciones mexicanas solo han revelado faltas administrativas que ya fueron sancionadas. La mandataria recalcó que no se cubrirá a nadie, pero México no actuará por consigna ni sin pruebas contundentes, y advirtió que transferencias entre empresas legalmente constituidas no constituyen evidencia de narcolavado.

Sheinbaum no niega la importancia de combatir el crimen financiero; lo que exige es respeto a la legalidad y a la soberanía. No basta con insinuaciones o contextos sospechosos: se requieren pruebas claras para que México pueda proceder con todo el peso de la ley. En tiempos donde la cooperación binacional debería construirse sobre la confianza y el respeto mutuo, imponer sanciones unilaterales sin pruebas suficientes debilita la relación y refuerza una narrativa colonial en la que México siempre es el acusado y Estados Unidos, el juez.

Los delitos de García Luna no terminan en su condena: siguen sangrando a México. Pero es hora de trazar un nuevo rumbo, uno en el que la justicia no sea usada como herramienta de presión externa, sino como principio interno de dignidad, verdad y soberanía.

Edición: Estefanía Cardeña