Opinión
La Jornada Maya
14/07/2025 | Mérida, Yucatán
Un axioma del periodismo es que la noticia atrasada deja de ser noticia. Así, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) haya dado a conocer hasta esta semana los resultados del Estudio Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) correspondientes a 2023 se antoja como algo ya muy lejano en el tiempo y que difícilmente puede tratarse de un indicador que requiere de otros para el diseño de una política pública.
Lo que no se menciona en la medición presentada es en realidad el fundamento de cualquier iniciativa que busque disminuir la incidencia de crímenes cometidos por adolescentes. El término que hace falta es fundamental para la encuesta, y es el de carpeta de investigación judicializada y que en todo caso ésta forme parte de un litigio abierto ante el juzgado competente. Esto quiere decir que muchas de las carpetas iniciadas durante 2024 todavía se encuentran abiertas, por lo que pretender contar con el dato actualizado hasta el 31 de diciembre de ese año es aspirar a un subregistro.
El dato central que arroja la Epacol es que de 2021 a 2023, el número de adolescentes involucrados en carpetas de investigación aumentó en 45 por ciento; pasando de 22 mil 654 a 32 mil 852. Pareciera una cifra alarmante, sobre todo si se contrasta con los cuatro años previos, de 2017 a 2021, en los que hubo una disminución en el orden del 37.3 por ciento (de 36 mil 123 a 22 mil 654). Aquí hay un factor que la medición no menciona: el confinamiento al que obligó la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2022.
De las 36 mil 123 personas imputadas en carpetas de investigación durante 2023, poco más de mil 600 corresponden a la península de Yucatán, y el número registrado en cada una de las tres entidades que componen la región armoniza con la población de cada uno de ellos; así, siendo Yucatán el estado más poblado, reporta 671 casos judicializados; seguido de Quintana Roo, con 628 y Campeche, con 310; también de acuerdo con su demografía.
Lo preocupante es la rápida recuperación del índice de personas adolescentes involucradas en delitos hasta estar próximos a alcanzar los números absolutos de 2017, sino que pareciera que los apoyos sociales destinados a este sector de la población resultan insuficientes para alejarlos de la delincuencia o por lo menos de conductas violentas. El resultado de la Epacol debe ser, entonces, la evaluación urgente de las políticas orientadas a elevar el grado de escolaridad y el acceso al empleo para quienes atraviesan la segunda década de su vida, y en esto deben involucrarse los tres niveles de gobierno.
Es cierto que el porcentaje de adolescentes que aporta la península al índice delincuencial es menor al 5 por ciento. Esto debe ser un llamado a diseñar una política coordinada entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche no necesariamente para incrementar la persecución y castigo al delito, sino para que las oportunidades y alicientes para permanecer en la escuela o para que ésta sea compatible con un empleo sean cada vez mayores; pero también debe avanzar la educación para llevar una vida sin violencia.
Que los delitos más frecuentes sean lesiones, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo es precisamente indicador de que los factores que fueron inhibidos por la pandemia siguen ahí; que el tejido social no salió reparado del confinamiento, sino que los mismos puntos donde se encontraba débil siguen ahí, y que se requiere de políticas profundas para que los jóvenes no se pierdan en la espiral delincuencial.
Edición: Fernando Sierra
