Opinión
La Jornada Maya
18/08/2025 | Mérida, Yucatán
El contraste de datos duros suele exhibir contradicciones sumamente llamativas. En ocasiones, hacer esto deja una gran interrogante en el ambiente, del tipo “se alcanzó una posición de liderazgo pero, ¿a qué costo?”
Por otro lado, cuando las estadísticas negativas persisten en el tiempo, la interrogante debe dirigirse a si en la sociedad donde se observa el fenómeno en cuestión existen condiciones estructurales para que tal hecho ocurra. Explicaciones suelen sobrar, pero muchas de ellas son superficiales; se habla de factores culturales, de atavismos, de algún culto o la representación de una deidad, ya muy lejana en el tiempo. Es como si se quisiera dar carta de naturalización a los aspectos negativos, en lugar de emprender políticas de largo alcance para superar esos números.
En la península de Yucatán, hay cifras que debieran ser alarmantes, pero llevan ya tanto tiempo en las estadísticas regionales que actualmente se encuentran muy próximas a ser tomadas como normales, parte de la realidad cotidiana, y por lo tanto, imposible de ser reducidas. Así, las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de 2024, recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojan que Yucatán ocupa el primer lugar en suicidios, con 14 por cada 100 mil habitantes; dos posiciones atrás se encuentra Quintana Roo, con 11.9 por cada 100 mil habitantes, y más abajo, en el número 12, se halla Campeche, con una tasa igualmente importante, de 8.3.
Es entendible que se quiera presumir el caso de Yucatán, como el estado más seguro del país, y que esto se refleje con una cifra de 65 homicidios cometidos durante 2024. También existen indicadores que permiten deducir que en la entidad existe un compromiso con el combate a la impunidad. Sin embargo, resulta imperativo cuestionar cuál es la seguridad que se ofrece a quienes optan por quitarse la vida.
Podríamos ampliar la pregunta e incluir a niñas y adolescentes, dado que existe una cifra importante de embarazos en menores de 19 años que alcanza el 30 por ciento de los nacimientos en algunas zonas del estado, y alcanza para colocar al estado en la novena posición nacional; cabe mencionar que las estadísticas no suelen indicar cuando se ha tratado de violaciones o matrimonios arreglados, pero podemos suponer muchas historias cargadas de drama social.
Si quisiéramos ampliar el concepto de seguridad para incluir a la alimentaria, el Atlas de Riesgos para la Nutrición de la Niñez en México, de la organización Save the Children, contempla a Yucatán como un estado en el cual la población infantil corre mayor riesgo de ser afectada por desnutrición crónica, lo que impacta en mediciones básicas como la talla y el peso considerados sanos. Como si la gastronomía que se vende como atractivo al turismo estuviera reservada exclusivamente para los visitantes.
Y ni el suicidio, ni el dar a luz siendo menor de edad, ni la desnutrición, son rasgos característicos de cultura alguna; ni se pueden justificar como “usos y costumbres”. Al contrario, son señales de una enorme desigualdad que impide a muchos percibirse como valiosos en el entorno social; incluso dentro de la propia familia. Son signos de que el tejido social se encuentra roto en varias zonas.
Busquemos entonces en los factores que pueden llevar a un individuo al aislamiento, primero, y al suicidio, después. Hablemos de superar las condiciones que impiden el acceso a una vida digna. Será momento de impulsar políticas que garanticen un medio ambiente sano, alimentación nutritiva y suficiente, el derecho a una vida libre de violencia, estabilidad en el empleo y seguridad laboral; además de atención a la salud en todos sus aspectos. Se empieza por dejar de considerar como normal algo que son grandes problemas sociales.
Edición: Estefanía Cardeña
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