Opinión
La Jornada Maya
30/09/2025 | Mérida, Yucatán
Pocas veces, la coincidencia de hechos violentos y políticos puede llevar a meditar sobre el valor de la existencia de cada persona; valor entendido como las distintas facetas que todos los seres humanos mantienen en cuanto a su actuación, interacción y relación con su entorno. La península de Yucatán fue, durante los últimos días de septiembre, escenario de tres hechos que conducen a pensar que la vida humana en general, y particularmente la de las mujeres, es algo sumamente fácil de quitar, con pocas consecuencias para quien lo haga.
A todas estas, el sujeto ya se encontraba en custodia de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que de haberse salvado estaría detenido y a disposición de un juzgado de control. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya habrá abierto una carpeta de investigación, pero la intervención que se requiere ahora es para quienes han quedado; la familia de la víctima.
Mientras,
en Tulum, Quintana Roo, una joven de 15 años de edad fue encontrada en el camino hacia el relleno sanitario de esa población. Al momento se sabe que fue raptada, drogada y abusada sexualmente por sus agresores, quienes le dispararon en al menos 10 ocasiones. Hasta el momento se sabe que su estado de salud es reservado, pese a lo cual pudo proporcionar información acerca de lo ocurrido, que podría resumirse en un momento de ocio que se volvió una pesadilla para ella.
La adolescente, por lo que han dejado saber las autoridades, se encuentra en una situación vulnerable, siendo originaria de Chiapas y aparentemente sin familiares en Quintana Roo. Lo que se espera es que la Fiscalía de ese estado detenga a los atacantes, especialmente porque actuaron convencidos de que nadie notaría la ausencia de una quinceañera.
Por otra parte, Campeche dio nota porque, derivado del fallecimiento del magistrado Manuel Minet Marrero, también presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, ocurrido el viernes por la tarde, la gobernadora Layda Sansores San Román, ejerciendo sus facultades constitucionales, propuso a Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien se desempeñaba como titular de la Consejería Jurídica, para ocupar el cargo en el Poder Judicial.
El nombramiento ocasionó protestas, pues Alcudia Vázquez fue candidato a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, en el proceso electoral del pasado 1 de junio, y fue sancionado como violentador de género por el Instituto Electoral del Estado de Campeche todavía el 11 de septiembre de este año, lo cual, en otras entidades, es suficiente para inhabilitarlo temporalmente para el ejercicio de cualquier cargo público. Sin embargo, el Legislativo campechano aceptó la propuesta de la gobernadora. Al respecto, integrantes de colectivas feministas como “Ley Sabina Campeche”, “Frente nacional por las 40 horas” y “Campeche por Palestina”, colocaron carteles en protesta, pero su manifestación fue dispersada por elementos de la Policía Estatal; algunas feministas fueron detenidas y luego, al menos tres, fueron ingresadas a un hospital a consecuencia de los golpes recibidos.
No es la primera vez que el gobierno de Layda Sansores se ve involucrado en un escándalo de represión. Desde el paro de los policías, hasta la censura contra el portal informativo Tribuna, los señalamientos de arbitrariedades han estado ahí. Sin embargo, en esta ocasión prima la contradicción de que sea una mujer quien mantenga en su puesto y proponga (o imponga) a un violentador sancionado por la autoridad electoral como tal, para un puesto en el Poder Judicial, cuando la ciudadanía le dio las espaldas en las urnas. El mensaje es que la voz de las feministas campechanas no llegará a la titular del Ejecutivo. A fin de cuentas, desprecio para ellas.
Esperemos que las autoridades cumplan con su deber, y que haya justicia para las mujeres que han sido violentadas. La recuperación de su dignidad como personas es esencial para toda la sociedad.
Edición: Estefanía Cardeña
