Conservación vs manejo

Todavía no está del todo seca la tinta con que los gobiernos de Belice, Guatemala y México firmaron el acuerdo para operar al alimón la protección de la gran selva maya, y ya empiezan las controversias, discusiones y jaloneos. En el congreso de Guatemala se discute una iniciativa de ley que pretende robustecer las políticas conservacionistas del gobierno de ese país, con base en una aproximación convencional – muy al estilo estadunidense – que se fundamenta en la prohibición del uso de los recursos de la región. No sorprende para nada el hecho de que ante esta iniciativa las comunidades de productores forestales – mayas o no – que viven y trabajan en la selva, extrayendo madera, chicle, miel y otros productos, o cultivando milpas mal llamadas “de subsistencia”, hayan saltado de inmediato a la palestra, oponiéndose a una propuesta que podría quitarles de un plumazo sus medios de vida. La discusión no es nueva, y surge cada vez que organizaciones conservacionistas más o menos fundamentalistas, burócratas desinformados y legisladores quizá bienintencionados, pero no precisamente duchos en materia de política ecológica, se reúnen para emprender acciones relacionadas con lo que perciben como la altísima meta de “proteger la naturaleza”.

La selva maya es una selva humanizada desde tiempos prehispánicos. Antes de la llegada de los europeos, fue capaz de sostener, sin modificaciones mayores en su composición y estructura, una población de al menos seis millones de personas, y producir incluso excedentes suficientes para emprender un activo comercio regional. Después, durante la colonia y los sucesivos regímenes posteriores a la independencia, fue siendo substituida por monocultivos y actividades extractivas que resultan muy rentables para los dueños privados de la tierra, pero no son sustentables en el largo plazo, ni pueden generar una riqueza que responda a algo parecido a la equidad social. El henequén, las maderas tropicales, la caña de azúcar y – más recientemente – la ganadería extensiva de bovinos, son ejemplos claros de este proceso.

A pesar de las presiones económicas, sociales y políticas que ello ha implicado a lo largo de la historia, los pueblos originarios y residentes rurales de la región continúan resistiendo, estableciendo y operando empresas forestales empeñadas en conservar la selva, extrayendo chicle y otros productos forestales no maderables, como la miel, cultivando milpas tradicionales con cultivos pluriespecíficos y buscando formas que les permitan incluso acceder a las especies que tradicionalmente les han dotado de “carne de monte”. Cuando encima las organizaciones gubernamentales les imponen figuras de conservación de la naturaleza que restringen indiscriminadamente toda forma de aprovechamiento de los recursos naturales locales, no es sorprendente que las organizaciones populares se opongan sin otra consideración al establecimiento de áreas protegidas convencionales.

Nos vemos así sumidos en una falsa controversia, un pseudoproblema: los más interesados en conservar el ambiente aparecen como opositores a los esfuerzos oficiales de conservación. Se desencadena un diálogo de sordos, y se establece una pugna innecesaria e improductiva. De manera muy distinta a lo que sucedió con las áreas protegidas del modelo estadunidense, que se establecieron en tierras propiedad del estado (y que no son lo mismo que las deleznables “reservaciones indias” en las que el gobierno de ese país recluyó a los pueblos originarios a los que despojó de sus tierras, desplazó por la fuerza y casi exterminó por vía del hambre y la violencia), en nuestro país, así como en los vecinos del sur, las áreas protegidas se establecen en zonas en las que se reconocen diversas modalidades de propiedad, tenencia o usufructo, suelen no ser expropiatorias y frecuentemente responden a modelos de manejo, zonificación y subzonificación que admiten la apropiación de los recursos naturales que alojan.

Al menos en los sistemas de áreas protegidas de América Latina, debe imperar la idea de que se protege no solamente lo que se conoce y se comprende, sino lo que se usa, lo que se ha usado de manera sustentable y biodiversa desde antes de que las potencias colonizadoras intentaran forzar a las tierras americanas a producir de acuerdo con modelos generados en otro hemisferio, con otras condiciones ecológicas y otros arreglos socioeconómicos. Una propuesta como la de la Gran Selva Maya tiene en primerísimo lugar sitio para los pueblos originarios y los residentes locales. De hecho, no podría acercarse al éxito si no se le construye a partir de sus saberes y sus expectativas de vida. La conservación de la selva maya atraviesa por asumirla una selva humanizada, con una milenaria historia de aprovechamientos. Si se espera que su manejo se conciba desde los pasillos de la academia, los cafés de las tertulias conservacionistas urbanas y las oficinas de los funcionarios responsables de la política ambiental continental, nacional o subnacional, sus mejores propuestas, así sean científicamente robustas, jurídicamente impecables y políticamente apropiadas, enfrentaran la oposición de quienes habitan, aprecian y hacen uso de los recursos de la selva.

Lo hemos visto suceder una y otra vez, aunque parecemos incapaces de aprender la lección: o la conservación se construye desde las comunidades que habitan los sitios que se considera necesario proteger, y sus residentes participan en cada paso del diseño de los planes y programas de conservación y manejo, generando propuestas ambientalmente sustentables, económicamente viables y culturalmente aceptables, o los gobiernos se estarán casando con mecanismos punitivos de conservación, que no acabarán nada bien, Vemos ahora una muestra en las iniciativas del congreso guatemalteco. Habrá que lograr un viraje si se espera poder llevar a buen puerto el gran proyecto de conservación de el segundo macizo forestal tropical del continente.

Edición: Fernando Sierra