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Foto: Facebook Huacho Díaz Mena

Pocas cosas brindan tanto la sensación de seguridad y de pertenencia a una sociedad como el contar con una vivienda propia, algo que para un gran sector de la población mexicana se volvió una aspiración inalcanzable durante los gobiernos neoliberales. Incluso, muchos de quienes consiguieron acceder al financiamiento oficial por contar con un trabajo formal, terminaron perdiendo su patrimonio porque la política que seguían entonces el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y organismos similares como el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) fue recuperar créditos que se hicieron impagables porque la deuda estaba en salarios mínimos y no en pesos.

En los últimos años, el esquema cambió para ofrecer vivienda a quienes, incluso dentro de la economía formal, habían sido marginados de los mecanismos para adquirir un inmueble. La meta para el sexenio actual es entregar 1.8 millones de unidades domésticas a quienes tienen ingresos menores a los dos salarios mínimos mensuales, o incluso si estos provienen de remuneraciones informales. Esto es, una democratización del acceso al crédito.

Ha tocado el turno a 109 familias radicadas en Yucatán para obtener 64 departamentos en el fraccionamiento San Marcos Sustentable, en el sur de Mérida, así como 20 liberaciones de escritura y 25 liberaciones de vivienda. Esto es apenas el primer paso, pues la meta para este año es de 2 mil 608, y para 2030 deberán alcanzarse 70 mil; un objetivo que también indica el grado de marginación que se había alcanzado en la entidad, al excluir a igual número de familias de la posibilidad de adquirir una casa y formar un hogar.

Por voz del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, se sabe que hay otro objetivo para la entrega de viviendas, que es hacerlo a ritmo de 134 por mes, y que al momento se encuentran en marcha 14 proyectos repartidos entre los siete municipios más poblados; una manera de hacer llegar la justicia social a todo el estado, pues muy pocas localidades han recibido una inversión como la que se está realizando en este rubro, aparte de que el contar con desarrollos que de antemano están destinados a sus habitantes es también brindar un piso mínimo de servicios a quienes, de otra manera, podrían encontrarse viviendo en una casa sin instalaciones hidráulicas, piso de tierra y en condiciones de hacinamiento.

Romero Oropeza agregó que, antes de que concluya el primer semestre del año, iniciará la edificación del 60 por ciento de los proyectos habitacionales que se tienen contratados, lo que se traduce también en una muy alta ocupación de quienes se desempeñan en el rubro de la construcción y con toda seguridad podría llegarse a ver el fin de una época en la que el albañil, el hacedor de casas para todos, no cuenta con una propia.

Al acceso a la vivienda a través del programa que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos habrá que atribuirle después otro logro: abatir los marcadores de pobreza extrema, entre los que deben mencionarse precisamente el contar con servicios públicos y vivir en condiciones que prevengan el deterioro de la salud. La meta es ambiciosa, y la vía tiene todos los visos de ser justa y correcta.


Lea, de la misma columna: Oaxaca: democracia sin ciudadanos

Edición: Fernando Sierra


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