La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy
Cancún, Quintana Roo
Jueves 15 de agosto, 2019
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidando el Decreto Estatal 418/2016, que declaraba a la península de Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, abre aún más la puerta a las empresas agroindustriales para que continúen avanzando en la región con un modelo de producción que genera afectaciones graves al ambiente, la salud y los derechos y medios de vida de las comunidades campesinas mayas, declaró Sergio Madrid Zubirán, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Fustigó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quienes en reiteradas ocasiones han declarado que “el actual gobierno no permitirá la siembra de transgénicos”, aunque en la práctica se sigue haciendo con la soya y el algodón, entre otros.
El fallo profundiza la desconfianza de la sociedad civil debido a la indiferencia que los tres niveles de gobierno han demostrado frente a la problemática generada por el crecimiento irregular de los cultivos agroindustriales, causantes de la pérdida de más de 200 mil hectáreas de selva en los tres estados de la península, entre 2004 y 2017.
En un comunicado, el CCMSS precisó que los cultivos transgénicos provocan la privatización de la tierra, despojo de bienes comunes, deforestación y el empleo de grandes cantidades de agrotóxicos, prácticas que ya han causado graves afectaciones al tejido social comunitario, al ambiente y la salud de miles de familias campesinas dedicadas a la apicultura.
Madrid Zubirán exhortó a la Sader a que haga los ordenamientos pertinentes para prohibir la siembra de semillas transgénicas en la península de Yucatán, y planteó la urgencia de frenar la canalización de recursos públicos a las empresas agroindustriales y, en contraparte, acciones para proteger la excepcional agrobiodiversidad campesina.
La SCJN invalidó el Decreto Estatal 418/2016 argumentando que “de acuerdo con el sistema federal establecido en la Constitución, corresponde a la Federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias en favor de las entidades federativas” y que en la Sader reside la facultad exclusiva para establecer zonas libres de organismos genéticamente modificados.
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