Uber sólo quiere trabajar sin trámites: Sintra

Joana Maldonado
Foto: Ap / Archivo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Jueves 23 de mayo, 2017

Más de mil 800 vehículos detenidos del 26 de septiembre de 2016 a la fecha y un monto superior a los 100 millones de pesos por concepto de multas es lo que ha arrojado la presencia de Uber en Quintana Roo, en donde se detienen alrededor de 50 vehículos semanalmente por prestar el servicio de transporte de manera irregular.

Alejandro Ramos Hernández, director de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) afirmó que si bien Uber es una aplicación que puede utilizar cualquiera en su smartphone, el problema surge en el momento en el que se utiliza para ofrecer un servicio y cobrar, lo que lo convierte en una unidad de servicio público que, según la Ley de Transporte en el estado, debe estar concesionado y cumplir con determinadas normas.

“Las normas que debe cumplir es un seguro de daños a terceros, ser miembro de un sindicato o estar registrado en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pasar una verificación de las condiciones del vehículo, que sirvan los frenos o sirva el extinguidor, entre otras cosas”, explicó el funcionario.

Sin embargo, a decir de Ramos Hernández, en reuniones que se han sostenido con Aleida Orozco, representante de Uber, no se ha podido llegar a un acuerdo por la negativa de la empresa a legalizar su actividad.

“Le hemos comunicado que si cobra por otorgar un servicio de transporte, debe tener una concesión, y ellos insisten en que no es así, que no deben cumplir con el requisito. El parque vehicular de taxis es alto en Quintana Roo, son más de 30 mil; si Uber se regulariza, el número de unidades debe autorizarse por el gobierno del estado. Dicen que ellos no pueden estar sometidos a una regularización, creemos que es necesario porque hay ciudades con saturación vial como Cancún, pero Uber ha dicho que no tiene porqué regularizarse, sólo quieren trabajar sin trámites”, precisó el funcionario.

Tras el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Yucatán, se establece que la trasnacional si es transporte público y debe tener reglas, lo que obliga a los estados a regular su estadía.

“A pesar de las pláticas, se han negado argumentando que eso afecta la libre competencia, no estamos en contra del derecho que tiene la gente de elegir un mejor transporte o en contra de que la gente pueda trabajar, lo que estamos en contra es que quieran trabajar al margen de la Ley”, reitera Alejandro Ramos, al asegurar que la prioridad es la integridad del usuario.

Esta negativa, ha derivado enfrentamientos y conflictos entre choferes de UBER y sindicatos de taxistas, e incluso contra inspectores de SINTRA que atienden denuncias ciudadanas para detener vehículos que brindan el servicio. Incluso, se han dado de baja inspectores de la dependencia estatal por actos indebidos de servidores públicos.