Miguel Ángel Lemus, presidente de la región Sur-Sureste de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dio a conocer que Quintana Roo ha sido pionero en la prestación de servicios inmobiliarios y muestra de ello fue la creación del Consejo estatal inmobiliario.
Este consejo se creó como un sistema de gobernanza entre Iniciativa Privada y gobierno, y en donde esperan resolver la problemática qué han tenido con el poco número de agentes inmobiliarios acreditados, que se suma además a la ley inmobiliaria que obliga a los agentes a tener certificación que los respalde.
“Para reforzar esta ley, revisar los programas de capacitación, y regular la actividad, existe el consejo estatal inmobiliario, este consejo estatal se creó como organismo auxiliar que propicie el estudio, análisis y profesionalización para la prestación del servicio inmobiliario. Lo integra el titular de Sedetus, la secretaria de gobierno, el director del Registro Público de la Propiedad y dos representantes de asociaciones o cámaras, en este caso nosotros como AMPI y la Canaco”, especificó.
El consejo se ha reinstalado con la nueva administración gubernamental hace unos días, para así dar inicio a los trabajos formales, mediante mesas de trabajo en las que abordarán todos los temas que urge resolver, así como replantear reformas a la ley.
Meta para fines del 2023
La meta es que antes de que concluya el año se pueda ingresar la propuesta de reforma a la ley y de ser posible que quede aprobada este mismo 2023.
“En este momento el total de socios y afiliados a la AMPI Sur Sureste son más de 665. Estos son a quienes realmente tenemos afiliados, registrados y contamos con todos sus datos personales, como empresas y acreditados como sociedad civil organizada”, apuntó.
Los acreditados en Cancún son 131 y 29 afiliados, en Playa del Carmen 141 y 42 afiliados, en Puerto Morelos son 35, en Tulum 20, Cozumel 12 y 12 más en Chetumal.
Todo el tiempo la AMPI ha buscado mantener una capacitación constante del agente inmobiliario y en conjunto con el estado la meta es proponer políticas orientadas a la protección de los derechos y obligaciones de los profesionales inmobiliarios, con el objetivo claro de proteger al mercado.
“Nuestra asociación está cumpliendo con la ley, generando cursos de capacitación durante todo el año, para regularizar, actualizar al prestador de servicio profesional. Este año estamos cumpliendo con 49 diplomados, 156 cursos, dos másters de negocios en desarrollo inmobiliario y tenemos a nivel nacional más de 3 mil certificaciones federales”, relató.
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