En días pasados, nuevamente se registró en la zona de invasiones de Tulum un importante movimiento de patrullas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y actuarios de la Fiscalía General del Estado, quienes tenían la intención de realizar un desalojo pero finalmente no cumplimentaron la diligencia. Para Ernesto Cuxim Che, presidente del Colegio de Abogados en el noveno municipio, aunque no se hagan los desalojos estos juicios seguirán su curso y es probable que a mediano plazo -en cuatro o cinco años- se vean acciones efectivas en el tema de las invasiones en esta zona.
Cuestionado sobre estas diligencias que debe llevar a cabo la fuerza pública y que terminan abortando por motivos de seguridad, el abogado dijo que si los particulares que se dicen dueños de las tierras están demandando y solicitando órdenes de desalojo y continúan firmes en el proceso, las autoridades tienen que cumplimentar el caso.
“Estamos en un estado de derecho donde lo que tiene que prevalecer es la impartición de justicia y aplicación de las leyes, y a pesar de que en el plano social y moral pudiera ser cuestionado, si ya fue estudiado en todas sus instancias pues se tiene que acatar y ejecutar incluso por vía de la fuerza pública”, acotó.
Dejó en claro que se tienen que agotar todas las instancias, porque cuando una autoridad ejecutora argumenta que no puede por falta de elementos, tendrán que buscarse otras medidas para cumplimentar una orden o mandato. Estos mandatos trascienden cuando surgen cuestiones de violencia en actos de desalojos, como ha ocurrido en las invasiones de Tulum, porque nadie espera daños en el desempeño de una orden realizada por la autoridad.
“Los procedimientos legales tienen muchas particulares, cuando se debe hacer efectivo un derecho se revisa que estén cumpliendo con los requisitos de ley, que son las principales funciones de una autoridad que ordena o gira un mandamiento con fuerza judicial o poder coercitivo del Estado, en este caso los órganos de auxilio, como la fuerza pública de la policía municipal y estatal”, acotó.
Opinó que las partes en pugna deberían recurrir a información amplia y ejercer las medidas legales para que haya y se acate una resolución. En Tulum existen alrededor de 14 colonias de invasión que cubren más de 50 hectáreas y donde habitan más de siete mil personas. Las invasiones se gestaron el 2 de octubre del año 2016.
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