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Miguel Améndola
15/06/2025 | Tulum, Quintana Roo
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) endurecerá su postura frente a los desarrollos inmobiliarios y turísticos en México que hayan sido construidos sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes, incluyendo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o el cambio de uso de suelo, informó su titular, Mariana Boy Tamborrell, quien advirtió que en estos casos se buscará la restitución total del daño, lo que podría implicar la demolición de obras ya edificadas.
En entrevista durante su visita a Quintana Roo, ocurrida en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Boy Tamborrell explicó que esta medida se fundamenta en el principio precautorio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y que será aplicada en todos los casos donde se hayan violado disposiciones ambientales. “Todo aquel que construya sin los permisos requeridos tendrá que regresar el terreno a su estado original”, declaró. “Esto implica demoler”.
A nivel estatal uno de los casos más representativos es el del complejo Maiim, en la costa de Tankah IV, municipio de Tulum, donde se edificaron tres torres de cinco niveles con un total de 30 condominios sin autorización federal en materia de impacto ambiental. A pesar de esto, el proyecto obtuvo permisos municipales y estatales, entre ellos el cambio de uso de suelo otorgado por el Ayuntamiento de Tulum en 2021, y licencias de construcción emitidas en 2022 por la Sedetus.
Sin embargo, el pasado 26 de mayo el Juzgado Quinto de Distrito en Cancún resolvió a favor de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que promovió un juicio de amparo. El fallo revoca los permisos concedidos y concluye que el desarrollo fue construido en una zona ecológicamente sensible sin haber cumplido con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), lo que representa una violación grave al principio de prevención ambiental.
Según Antonella Vázquez Cavedón, representante de DMAS, la sentencia también señala a la Profepa por omisión, y esta tiene facultades legales para ordenar la clausura y demolición del complejo. Mariana Boy confirmó que, aunque la dependencia aún no ha sido notificada formalmente, ya trabaja junto con la Semarnat para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
La funcionaria advirtió que esta situación no es exclusiva de Quintana Roo, pues se han detectado patrones similares en entidades como Yucatán, Campeche y Baja California. Sin embargo, subrayó que el Caribe Mexicano representa un “foco rojo” debido a la presión inmobiliaria sobre zonas costeras ambientalmente frágiles.
Como muestra de la aplicación de esta nueva estrategia, la procuradora recordó que recientemente Profepa clausuró tres obras en Puerto Morelos por carecer de los permisos en materia ambiental. Además, anunció que se mantendrán operativos de inspección en distintas regiones del país, con especial atención a las denuncias ciudadanas.
La procuradora también señaló que las multas económicas dejaron de ser efectivas como medida disuasiva, ya que muchos desarrolladores las consideran parte del costo de construcción. Por ello, Profepa buscará fortalecer el marco legal con propuestas legislativas que aumenten las sanciones, prohíban regularizaciones posteriores y promuevan la vía penal en casos graves. Con estas acciones, Mariana Boy busca erradicar una práctica cada vez más común en el ámbito inmobiliario.
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Edición: Fernando Sierra
