La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, aprobada el año pasado, presenta deficiencias y desafíos, reveló la investigación la Infancia Cuenta en Yucatán 2021, realizada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Investigación y Educación Popular Autogestiva (IEPAAC), con el apoyo de la Fundación Kellogg's para América Latina y el Caribe.
El texto señala que, esta ley invisibiliza a la población infantil maya y omite mecanismos adecuados para la consulta de niños, niñas y adolescentes; dice que no se garantiza su participación en la toma de decisiones.
En abril del 2021 se aprobó La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en el Congreso de Yucatán, la cual permite modificaciones en 11 leyes para que estén libres de interpretación y sea obligatorio que precisen en qué consisten, a quiénes están orientadas y a qué están dirigidas.
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Todos los cambios que se harán van dirigidos a la protección de derechos vulnerados o restringidos y para atender la inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia en programas de asistencia social, servicios de salud, inscripción o reingreso a la escuela, a actividades deportivas, artísticas y culturales.
El informe de Redim señala que esta ley sigue sin reconocer la importancia que tiene el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la garantía de los derechos a la niñez.
“La ley mantiene al SIPINNA como parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En consecuencia, lo excluye de las tareas de coordinación de políticas públicas en diversas materias a favor de las infancias”, indicó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la REDIM.
Es decir, precisó, no fortalece el SIPINNA, ya que al mantener este sistema como parte del DIF no se reconoce que su importancia radica en ser un organismo cuyas tareas implican coordinación de las políticas de salud, cultura, recreación, educación, laboral, sentenció.
También, indicó que pudieron detectar que la ley omite los mecanismos adecuados para incluir la consulta de niñas, niños y adolescentes y cumplir con la garantía a su derecho de participación.
Dijo que llama la atención que en un estado donde existe una mayoría de población que se autoadscribe como parte de un pueblo originario, éste “haya sido invisibilizado en la ley”.
Ante esto, indicó que los legisladores estatales deberían implementar reformas para modificar y corregir estas deficiencias en la ley.
Alejandra Garduño, directora de la Fundación Kellogg's, hizo un llamado especial, tanto al sector público como al social, para discutir y abordar las desiguales que afectan a niños, niñas y adolescentes y “a coordinar políticas en educación, salud, cultura, entre otras, a partir de los vacíos ampliamente identificados en el estudio y así atender a las infancias más vulnerables, cuyos problemas se han agudizado con la pandemia en un panorama cada vez más complejo en Yucatán, finalizó.
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Edición: Estefanía Cardeña
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