Visibilizar a la comunidad LGBTTTI ayuda a crear políticas públicas de protección: activista

“Si no nos conocemos, si no nos visibilizamos como población LGBTTTI dentro del país es muy difícil que las políticas públicas que se hagan para protegernos tengan eficacia”, opinó César Briceño, representante del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, señaló el activista, aporta datos sobre la salud emocional, el rechazo social –en el trabajo, la familia, etcétera– “todos estos datos que arrojó son datos que se tienen por primera vez, las organizaciones de la sociedad civil teníamos datos, pero no con ese muestreo tan grande”.

Resaltó que saber que son 5 millones de personas en México, uno de cada 20, es un “buen punto de partida”, pues es probable que ese sea el mínimo, ya que no todas las personas LGBTTTI tienen acceso a internet, ni todas participaron o se enteraron. Añadió que reconocer que en Yucatán 8.3 por ciento de la población se identifica como parte de esta comunidad “tiene que tener un impacto en cómo se nos ve desde el gobierno, las medidas y políticas públicas de protección de nuestros derechos que se vayan a tomar”.

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Desde su perspectiva, considera que en las siguientes elecciones deberán tomar en cuenta que al menos 192 mil votos serán de esta población y que es un porcentaje significativo.

A pesar de esto, lamentó que en los últimos cuatro años no ha habido ningún avance o política pública nueva para ellas, elles y ellos, “estamos bajo una increíble invisibilización de la comunidad, no se nos menciona, no se nos cuenta, se hace como que no existimos desde el gobierno estatal”.

Apuntó que no solamente no hay avances, sino incluso hay retrocesos, pues denuncia que el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Yucatán (Cepredy) es prácticamente inoperante y no cumple con las acciones para las que fue creado; además de que el consejo para prevenir la discriminación fue desintegrado.

Agregó que en el Poder Judicial están aceptando a magistraturas que son antiderechos, señaló como ejemplo el caso de la magistrada Patricia Gamboa Wong, quien en 2009 fue una de las impulsoras para detener el matrimonio igualitario desde el Partido Acción Nacional (PAN). “Esto es preocupante”.

“Los avances en temas como el matrimonio igualitario, hay que decirlo, no han sido gracias al Congreso ni al gobierno estatal, ni a ningún partido, han sido empujados por las organizaciones de la sociedad civil y porque ya tenían encima la orden de la Suprema Corte”.

Con estos datos, señaló que habría que retomar como prioridad una iniciativa que está en el Congreso del Estado de Yucatán desde el 2015 por la identidad de género, “ese es uno de los temas más urgentes y, si verdaderamente hubiera una voluntad política para crear leyes y políticas a favor de la comunidad, yo creo que este sería el lugar por el que se tendría que empezar”; sin embargo, percibe que no hay interés al respecto.

Opinó que también es necesario tener en cuenta que hay grupos que son invisibilizados doblemente, tal es el caso de las personas de la comunidad LGBTTTI  que viven con alguna discapacidad, siendo una de cada 10 personas de la población diversa y, así como en ese tema, también existen otras interseccionalidades que crean esta doble invisibilización. 

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