Tras el anuncio del inicio de operaciones de Uber Moto en Mérida, el Observatorio de Movilidad Sostenible advirtió que se trata de un servicio fuera de norma que traerá consigo una serie de problemáticas y riesgos para sus usuarios.
En primera instancia, señaló el observatorio, se trata de un servicio que no está contemplado explícitamente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, ya que no entra en la definición de “Servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas de personas pasajeras”.
Lo anterior, expuso, al no tratarse de un vehículo de cuatro ruedas, como marca el artículo 45, y tampoco se cataloga como “servicio de transporte de personas pasajeras en medios alternativos”, ya que sólo se presta a través de micro vehículos.
“Como segundo punto, Uber Moto supone una competencia desleal al servicio de transporte público de pasajeros y representa una precarización del servicio de transporte bajo pedido, al exponer a las personas usuarias a las inclemencias del tiempo y, sobre todo, a un mayor riesgo de sufrir lesiones graves y muertes”.
Integrantes del Observatorio recordaron que los motociclistas han llegado a representar hasta el 33 por ciento de los fallecidos por siniestros viales en el municipio de Mérida, según sus propios datos.
“La presencia de Uber Moto supone un desafío todavía mayor que los mototaxis, ya que las motocicletas son capaces de alcanzar velocidades mucho mayores que las alcanzadas por los mototaxis (arriba de los 40 km/h), y por las dimensiones del vehículo, sus conductores son más propensos a invadir carriles y cometer otras conductas abusivas y de riesgo”, advirtieron.
A manera de resumen, señalaron que se trata de un servicio con más perjuicios que beneficios urbanísticos y al no obedecer a causas de utilidad pública, debe desalentarse su uso en la mayor medida de lo posible.
“En caso de ser regulado, el gobierno del estado de Yucatán, a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y la futura Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), le debe imponer fuertes restricciones de operación y altas cargas tributarias”, consideraron.
Edición: Estefanía Cardeña
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