Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconociera la constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia aprobada en el estado de Yucatán, tras la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ahora, activistas señalan que es necesario vigilar que en la entidad sea cumplida.
María Eugenia Núñez Zapata, representante de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), reconoció que desde que las integrantes de la agrupación supieron de las intenciones de la CNDH, mantenían esperanzas en la SCJN para actuar en favor de la niñez y las mujeres, sin embargo, vivieron tensión.
Confiaban en el análisis de la doctora Patricia Olamendi para que fuera constitucional, dijo, pues con la visión contra del origen y función de la CNDH, la presidente Rosario Piedra Ibarra privilegiaba los derechos de un deudor alimentario, dejando de lado los de la infancia, opinó.
“Esperábamos con cierta tensión el resultado de la votación, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia ratifica la constitucionalidad y con eso abre un gran paraguas la Suprema Corte de Justicia en los derechos humanos universales, básicamente de mujeres y niños del país”.
Desde su perspectiva, tras intentar frenar esta legislación, considera que la presidente de la CNDH debería renunciar, “se le ha comprobado un manejo sectario de los derechos […] no está cumpliendo con su función”.
Ahora, dijo, sigue estar vigilantes en Yucatán antes del inicio de las elecciones, pues, como ciudadanas, exhortarán a implementar esta ley que obliga al estado a cumplir con el padrón de deudores alimentarios que debe actualizarse cada día, así como dar seguimiento a los juicios hasta la sentencia de forma pronta para evitar la violencia institucional –manifestando que hay casos que tardan más de 20 años en resolverse–.
También la diputada Vida Gómez Herrera, representante de Movimiento Ciudadano, expresó “es una muy buena noticia respecto a las acciones afirmativas, con la resolución queda un precedente respecto al interés superior de la niñez y se declara que las normas que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son válidas, es decir, que es constitucionalmente legítimo para que se refuerce el cumplimiento del pago de alimentos”.
Abundó que lo más importante es garantizar el pago de los alimentos para las infancias con el fin de generar consciencia respecto a la importancia de esta manutención.
“Lo que es destacable es que esta norma es válida y que ya pasó este punto que nos traía un poco a la expectativa”.
También mira que es necesario vigilar el cumplimiento de la legislación, en particular con el proceso electoral que viene en 2024, donde será necesario evitar que violentadores lleguen al poder.
Edición: Estefanía Cardeña
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