Yucatán: Exigen presupuesto para políticas públicas enfocadas en comunidad LGBTTTI

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) y Amicus presentaron este lunes -en rueda de prensa- un amparo que realizaron hacia el Congreso del Estado y el gobernador, Mauricio Vila Dosal, para exigir un presupuesto dirigido hacia políticas públicas para atender a la comunidad LGBTTTI. 

Informaron que fue el pasado 10 de febrero cuando presentaron el amparo en Yucatán, ante el Juzgado Quinto de Distrito. 

César Briceño, integrante del colectivo, explicó que actualmente es ausente una partida presupuestal para restituir y garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTI, situación que pretenden cambiar a través del amparo. 

"En lo que va de esta administración no se ha creado ni implementado ningún tipo de política pública que atienda las necesidades de la población LGBT del estado".

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Esta población es vulnerable y prescinde de un trato diferenciado, resaltó, es precisamente por eso que señala la necesidad de estas políticas públicas, pues si ausencia recae en violencia institucional porque invisibiliza y vulnera, aseguró.

Alex Orué, también representante del colectivo, abundó que esta no es la primera vez que demandan al Congreso del Estado para exigir el cumplimiento y respeto a los derechos humanos de este sector poblacional.

"Se quiere mantener esta ilusión de que en Yucatán no pasa nada", apuntó, como una de las razones por las cuales no atienden las violencias hacia la comunidad LGBTTTI, pues ni siquiera cuentan con los datos al respecto, buscando mantener dicha apariencia.

Si no hay prevención y atención a casos de discriminación, señaló, las personas que sean víctimas no confiarán en las autoridades correspondientes para acudir a ellas cuando viven violencias.

Juan Pablo Delgado, de Amicus, informó que fue en Guanajuato donde presentaron por primera vez un amparo como éste, mismo que resultó favorable hasta la modificación del presupuesto de egresos con una partida presupuestal para la garantía de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. 

Son alrededor de 11.5 millones de pesos los que ahora fueron asignados para el rubro, con los cuales la primera acción será un diagnóstico que esperan tener listo en agosto para conocer a la población de la comunidad LGBTTTI de Guanajuato.

Con esto, implementarán políticas públicas focalizadas, con base en las necesidades que sean detectadas a través del diagnóstico, entre ellas, prevé que estará la implementación de una clínica especializada en salud para las personas transgénero. 

Derecho a la salud, educación, vivienda son algunas de las necesidades que puntualizó para atender de esta población.

Este mismo amparo fue presentado en otros estados como Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí, pues buscan que esto sea convertido en un estándar nacional.

"La asignación de presupuesto se vuelve fundamental para la creación de instancias de atención de discriminación, para la creación de fiscalías especializadas y para todos los derechos sociales y económicos".

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 Edición: Estefanía Cardeña